Mérida, Yucatán; 6 de mayo de 2020 (ACOM).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) advirtió que los adultos mayores son el sector más propenso no solo a contraer el COVID-19, sino a sufrir violencia durante la contingencia sanitaria.

En un comunicado de prensa, el organismo autónomo indicó que es urgente conocer las condiciones de salud física y mental en las que se encuentran las personas mayores en la entidad, sobre todo, quienes están alejados de sus familias y/o en algún centro de asistencia social, albergues, residencia de larga estancia, sea público o privado.

“Resulta urgente saber en qué condiciones se encuentran y cómo están funcionando los albergues, centros de asistencia y otros similares donde se encuentran adultos mayores, reiterando que sin importar si son públicos o privados”, señaló la Codhey.

De igual forma, recordó que la vulnerabilidad de las y los adultos mayores no es producto de la epidemia de coronavirus, sino de causas estructurales que han ocasionado que vivan “violencia, abandono, maltrato y pobreza, con violaciones reiteradas a sus derechos humanos”.

“En estos momentos, la edad y las consecuencias naturales que deterioran la salud de las personas mayores, representan condiciones de riesgo para su vida, además de la afectación en su salud física y mental”, agregó en el comunicado.

En ese sentido, la Codhey hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y cualquier otro organismo que sea competente; así como a los 106 Ayuntamientos, para considerar dentro de sus políticas y medidas para hacer frente a esta pandemia, a las y los adultos mayores.

El organismo consideró como prioritarios los siguientes puntos.

1. Adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir contagios de COVID-19 en los centros de asistencia social, albergues, residencias de larga estancia o cualquier otro destinado para las personas adultas mayores, sean públicos o privados, así como las medidas necesarias para garantizar su salud física y mental.

2. Fortalecer la supervisión, monitoreo y vigilancia contra la violencia hacia personas adultas mayores, en cualquier lugar en que se encuentre, sea en la familia o en los citados en el punto 1 de este documento, de tal forma que sean accesibles los mecanismos de denuncia, considerando que la seguridad y la justicia se encuentran dentro de las funciones esenciales del Estado.

3. Supervisar que los protocolos médicos, decisiones sobre recursos médicos y tratamientos en relación al COVID-19, sean implementados sin discriminación en razón de la edad y prestando especial atención a las personas mayores con discapacidad o condiciones crónicas.

4. Garantizar que las personas adultas mayores cuenten con los medicamentos prescritos, y que no se interrumpan los tratamientos médicos o alguna otra prestación a la que tengan derecho, y en su caso, realizar las gestiones necesarias ante la autoridad competente.

5.  Considerar en la implementación de las medidas sanitarias en esta contingencia, que se procure la conexión de las y los adultos mayores que se encuentran solos, en albergues o en residencias de largo plazo con sus familiares, facilitando medios alternativos de contacto como son la comunicación telefónica, por internet o medios digitales, que igualmente puedan ser una vía para su sana recreación.

6. Proporcionar información fidedigna, y únicamente la oficial relacionada con esta pandemia, y

7. Las demás referidos en su llamado del pasado 22 de abril, referentes a personas que se encuentran en centros de asistencia social, en general.

“Este es un llamado a la autoridad, a las familias y a la sociedad en general, para asumir que debemos procurar una vida digna a nuestros adultos mayores, contribuyendo a su calidad de vida y respeto por sus derechos humanos”, concluyó la defensoría de los derechos humanos en el estado.