La alcaldesa de Conkal, Linda Margarita Pérez Quijano, rompió el silencio sobre el caso de Tania Martínez, la mujer que denunció públicamente que agentes policiales le habían confiscado su camioneta sin explicación alguna el pasado 26 de febrero. Según declaraciones de la edil, el vehículo se encuentra efectivamente bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Yucatán.
«Sí, está con la policía estatal, es correcto. De hecho, esta semana acudió un abogado y realmente la policía no está en poder nuestro», afirmó Pérez Quijano, desmintiendo informaciones que, según ella, son falsas respecto a que el municipio de Conkal tuviera en su posesión el vehículo.
La primera edil confirmó que la policía municipal participó en el operativo, pero únicamente como apoyo a una solicitud de la corporación estatal. «Tuvimos una solicitud por parte de la policía estatal; más bien, nos reportaban que había un tema con un vehículo en particular. Nos piden a nosotros en la parte municipal el auxilio para ubicarlo, pero realmente los que se hacen cargo es la policía estatal», explicó la alcaldesa.
Estas declaraciones contrastan con la denuncia de Tania Martínez, quien aseguró en entrevista que desde el momento de la confiscación de su vehículo el pasado 26 de febrero, ha acudido a múltiples instancias gubernamentales sin obtener respuesta sobre el paradero de su camioneta. «En el gobierno no me dan nada, nadie sabe dónde está la camioneta. Nadie me da razón de nada», había declarado la afectada.
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Como se recordará, el incidente ocurrió cuando salió a comprar pizza acompañada de dos de sus hijos menores. Al regresar a su vehículo, varios uniformados le impidieron abordarlo sin mostrar identificación ni orden alguna. Posteriormente, los agentes revisaron el vehículo, confiscaron las llaves y uno de ellos se llevó la camioneta conduciéndola personalmente, sin esperar una grúa.
Lo que más ha alarmado es que los oficiales la obligaron a subir a una patrulla junto con sus hijos pequeños y la llevaron hasta su domicilio, diciéndole que sabían dónde vivía, quién era ella e incluso dónde estudiaban sus hijos, lo que ha generado un profundo estado de ansiedad e inseguridad en la mujer, quien es madre de cuatro menores.
«Me siento muy vulnerable e insegura porque la camioneta que me quitaron tiene el tag de aquí de mi domicilio, y como mi esposo sale de viaje muy seguido, me siento muy expuesta», había manifestado Martínez, quien desde el incidente ha tenido que modificar sus rutinas diarias, transportando a sus hijos en servicios de plataforma por temor a su seguridad.
La alcaldesa Pérez Quijano señaló brevemente que «ese tema ya se está atendiendo y es meramente con el tema estatal», sin proporcionar más detalles sobre los motivos de la confiscación ni explicar por qué durante más de una semana no se ha informado a la propietaria sobre el estado o ubicación del vehículo.
ACOM