La fracción legislativa del PRI en Yucatán propuso reformar la Constitución Estatal para reconocer la salud mental como un derecho humano, con el propósito de crear políticas públicas que garanticen acceso a servicios de calidad y campañas educativas para prevenir trastornos y eliminar el estigma social.
El coordinador de la fracción, Gaspar Quintal, destacó que Yucatán ocupa la segunda tasa más alta a nivel nacional en cuanto a personas que se quitaron la vida por sí mismas, con un total de 339 casos en 2023, una ligera disminución en comparación con los 366 casos del año anterior.
Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), analizadas por el PRI, revelan que entre 2018 y 2023 se reportaron 1,435 hombres y 315 mujeres que se quitaron la vida por sí mismos, siendo la mayoría de los casos en Mérida.
El grupo parlamentario hizo énfasis en que las edades más comunes de las personas que decidieron quitarse la vida oscilan entre los 22 y 33 años.
Los casos más frecuentes fueron entre personas de 31 años, con 68 casos, seguidos por quienes tenían 28 años (66 casos) y aquellos de 24 y 26 años (61 casos cada uno).
Estos datos indican que la población joven es particularmente vulnerable a este problema.
Ver la salud mental como un Derecho Humano
El PRI subrayó la necesidad de atender la salud mental como un derecho humano fundamental.
Afirmaron que la salud mental no debe verse solo como la ausencia de trastornos, sino como un estado de bienestar emocional, psicológico y social.
Esto implica una capacidad adecuada para manejar el estrés, establecer relaciones sociales sanas y enfrentarse a los desafíos de la vida cotidiana.
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Dentro de las medidas discutidas, se mencionó la aplicación “MeMind”, destinada a apoyar la salud mental.
Sin embargo, se reconoció que aún necesita mejoras para adaptarse a las necesidades de los diferentes grupos de edad.
Además, se destacó la importancia de actualizar la Ley de Salud Mental de 2018 y de crear un marco normativo más robusto.
