Mérida, Yucatán; 22 de noviembre de 2019 (ACOM).- En Yucatán, donde los casos de violencia familiar son comunes, es un reto grande lograr que todos los casos sean investigados y tipificados como feminicidio, advirtió Ana Hadzi Pecova, directora ejecutiva de la organización EQUIS Justicia para las Mujeres.

«Los casos de violencia familiar son la antesala del feminicidio. Muchos casos acaban así, por lo tanto, debe existir una labor de prevención del feminicidio, para abordarlo desde la violencia familiar, a través de políticas que traten los conflictos entre parejas», explicó Hadzi Pecova.

Al ser cuestionada sobre el caso de Greta Martínez Corona, quien sufrió violencia feminicida, el cual sería juzgado simplemente como violencia familiar y no tentativa de feminicidio, reconoció que «no es nada atípico para Yucatán».

«Si bien no hay índices altos de violencia en la vía pública, en el hogar y con la pareja o expareja es una constante, década tras década, sin importar las políticas públicas impulsadas», advirtió.

Hadzi Pecova reconoció que las colaboraciones entre sociedad civil y autoridades son claves para ser la voz de las víctimas y personas afectadas.

Su organización trabaja actualmente con cinco municipios de Yucatán, Tixcacalcupul, Halachó, Chikindzonot, Kinchil y Tecoh, con 30 promotoras comunitarias, líderes en sus comunidades, acompañando y orientando a otras mujeres en salud y derechos humano.

Dijo que las mujeres por miedo y por desconfianza no se acercan a las autoridades, por lo que confían más en las mujeres de su comunidad. Desde que se implementaron las promotoras comunitarias, aumentó 65 por ciento número de denuncias.

Señaló que es una parte clave en ruta de acceso a la justicia, apoyarlas a replicar en comunidades y por eso el convenio con las autoridades municipales, firmado esta mañana en el Centro Cultural Olimpo.

«El acceso a la justicia no es igual para todas las personas en México, se mezcla el género, la etnia, la discapacidad, muchos factores», dijo.

«Cuando se trata de mujeres, vemos que además de las deficiencias institucionales, un sistema de justicia que opera con pocos recursos materiales, económicos, humanos”.

La cifra negra en México es la violencia contra la mujer, ya que el 90 por ciento de los delitos no se denuncia. Por violación se registraron el año pasado 240 mil denuncias, pero solo en 11 casos se abrieron averiguaciones previas y, de ellas, sólo un 2.4 por ciento tuvo sentencia condenatoria.

«Hubo un caso de una mujer indígena con discapacidad, dos veces violada, y las autoridades no actuaron. Se le atendió con un lenguaje discriminatorio en la sentencia; el juez dijo que no se trata de una persona normal, que no sabe decir qué es bueno o malo, que se dejó copular y no es violación”, recordó.

«Cuando se cruzan los factores indígena más discapacidad es más grave», concluyó la activista.