Mérida, Yucatán; 24 de enero de 2020 (ACOM).- La certeza jurídica en la tenencia de la tierra es fundamental para garantizar las inversiones en Yucatán y sobre todo para proteger el patrimonio inmobiliario de los yucatecos, aseguró la doctora en arquitectura Yolanda Fernández Martínez, reconocida catedrática, experta en temas urbanos y directora del medio de divulgación digital “Habitar y Más”.

Añadió que el tipo de propiedad y su condición jurídica es la base para poder establecer acciones de inversión en el corto, mediano y largo plazo y por ello es prioritario la realización de programas de desarrollo urbano en sus diferentes escalas, con lo cual, la planeación del territorio es de interés público y con base a la tenencia de la tierra y a los requerimientos de la población, es como se definen los nuevos usos del suelo, los espacios para las infraestructuras, vialidades y equipamientos.

Sobre la reforma al artículo 27 constitucional, en vigor desde enero de 1992, y la posibilidad de revisarla nuevamente, Fernández Martínez subrayó que el problema central radica en el equilibrio de los usos del suelo y en cómo se establece la distribución equitativa de la riqueza, teniendo en cuenta el origen de la reforma, la cual estuvo relacionada con el Tratado de Libre Comercio entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá.

“En virtud de lo anterior, había que cuestionar después de poco más de un cuarto de siglo de esta reforma, cuáles han sido los beneficios sociales y económicos de la liberación de la tierra para poder estar a la altura de la modernidad que nos esperaba a través de la consolidación del Tratado de Libre Comercio (TLC). Ahora mismo, en la antesala del nuevo tratado T-MEC, habría que reforzar el futuro de las tierras nacionales para el desarrollo socioeconómico de los mexicanos, así como el equilibrio ecológico, urbano y agrícola”, expuso.

Por tanto, continúo, es importante tener un posicionamiento de parte de la autoridad con respecto a cuáles serían las implicaciones de facilitar la venta de tierra sin que haya de por medio una estructura jurídica sólida para garantizar los equilibrios entre los usos del suelo y las áreas estratégicas que prevengan la dotación de servicios, infraestructuras y equipamientos.

Al opinar sobre la especulación de tierras, en el escenario local, para hacerse de porciones de tierra para la inversión inmobiliaria o de proyectos de desarrollo, Fernández Martínez explicó que “la especulación de tierras o los llamados terrenos de engorda, juegan un papel fundamental en los procesos que siguen las inversiones, ya que parece que el mercado inmobiliario es el que marca la hoja de ruta de la planeación del territorio, sin que vayan de la mano con las necesidades de la población en el corto, mediano y largo plazo, ni con las capacidades de los municipios”.

Por tanto, la debilidad del marco jurídico urbano pone en jaque a las inversiones, lo cual va de la mano con la falta de estructuras operativas y administrativas para generar los programas de desarrollo urbano y establecer procesos de monitoreo y vinculación entre lo que se autoriza y se comercializa, aseguró.