La comunidad maya de Pisté, comisaría de Chichén Itzá, se manifestó ayer en la zona arqueológica para exigir certeza en su sustento económico y el reconocimiento de lo que consideran su herencia cultural, al afirmar que son guardianes históricos de este sitio sagrado.

Los inconformes demandaron que se garantice la permanencia de los artesanos dentro del complejo turístico, al advertir que una eventual expulsión afectaría directamente el ingreso de unas 2 mil familias, además de poner en riesgo la preservación de oficios tradicionales que forman parte de la identidad maya en Yucatán.

Denuncian falta de consulta a la comunidad indígena

En un comunicado, la comunidad señaló que el nuevo proyecto del Centro de Atención a Visitantes (CATVI) presenta irregularidades desde su origen, debido a que, aseguran, no fueron consultados previamente pese a que existen disposiciones internacionales que obligan a tomar en cuenta a los pueblos originarios en decisiones que impactan su territorio.

Comunidad maya de Pisté protesta en Chichén Itzá

Entre sus principales argumentos destacan:

Violación de tratados internacionales, al considerar que no se respetó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Exclusión en decisiones de desarrollo, al no ser incluidos en la planeación de proyectos turísticos en su propia comunidad.

Falta de reconocimiento a la autonomía indígena, al no aceptar su derecho a la libre determinación sobre el territorio.

Afectaciones económicas, al denunciar presiones para modificar rutas turísticas que actualmente benefician a artesanos y guías locales.

Comunidad maya de Pisté protesta en Chichén Itzá

Cuestionan operación del nuevo CATVI en Chichén Itzá

Los manifestantes acusaron que la operación del nuevo Centro de Atención a Visitantes podría afectar la actividad económica de quienes durante años han trabajado en los accesos tradicionales de Chichén Itzá.

Según expusieron, algunas agencias turísticas estarían siendo obligadas a modificar sus recorridos hacia el nuevo punto de ingreso, situación que —afirman— impacta la competencia justa y reduce la llegada de visitantes a comerciantes locales.

La comunidad pidió una reestructuración integral del proyecto, al considerar que fue diseñado sin diálogo ni participación indígena.

Exigen frenar desalojos y abrir mesa de diálogo

Como condición para iniciar una mesa de diálogo con autoridades estatales y federales, la comunidad solicitó la suspensión inmediata de cualquier intento de desalojo o cierre de espacios de trabajo hasta alcanzar acuerdos formales.

Los representantes advirtieron que, si en un plazo de cinco días no reciben una respuesta oficial, mantendrán sus movilizaciones para defender su derecho al trabajo y la protección de su patrimonio cultural en uno de los sitios más emblemáticos de Yucatán.