Con 22 votos a favor y 13 en contra, el Congreso de Yucatán aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, se mantiene en desacato constitucional al no reformarse la Carta Magna local por lo que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se cumplió a medias.
Avalaron modificar el Código Penal del Estado las bancadas de Morena, PT, PRI y Movimiento Ciudadano. Lo hicieron en contra el PAN y PVEM.
En agosto del 2024, la Primera Sala de la SCJN ordenó a la Legislatura local derogar todo artículo que criminalizara a las mujeres por abortar.
Durante la sesión plenaria de hoy se discutieron dos dictámenes: la reforma constitucional en materia de autonomía reproductiva y derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes, así como las modificaciones al Código Penal.
A medias
En el caso del primero, no logró la mayoría calificada, es decir, el aval de 24 de los 35 legisladores locales. El segundo dictamen, sólo requería de mayoría simple.
La diputada de Morena, Clara Rosales Montiel, propuso una modificación adicional al no conseguirse la reforma constitucional:
“En caso de no acreditarse el delito de aborto, este no podrá ser reclasificado por el delito de homicidio en razón de parentesco o relación”. El cambio de última hora se incluyó.
“No olvidemos que el Partido de Acción Nacional hoy nos dio la espalda”, reprochó la morenista.
La legisladora blanquiazul Teresa Boehm Calero defendió la postura de ese instituto político bajo el argumento de que se proponía eliminar el principio que dice que la vida debe protegerse desde el primer segundo.
“El PAN vota en contra porque creemos que la vida vale, que debe protegerse desde sus inicios y que el Estado tiene la responsabilidad de acompañar a las mujeres que deciden ser madres, no dejarlas solas”, pronunció.
Tipifican aborto forzado
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta Escalante, destacó que la modificación tipifica el aborto forzado como delito, sancionando con mayor firmeza a quienes atentan contra la voluntad de quien está gestando, algo que hasta hoy no existía.
Sobre esto último aumentaron las penas de 5 a 10 años de prisión (antes era de 3 a 8 años) y en el caso de aborto forzado con violencia se incrementó de 9 a 15 años de prisión (antes era de 6 a 9 años).
Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse), lo consideró un gran paso.
En su opinión, no se acató una orden judicial y corresponderá al juez federal analizar la notificación del Congreso yucateco para determinar los alcances del cumplimiento de la sentencia de la Sala Superior del SCJN.
Anticipó que junto con otras organizaciones promoventes del amparo interpondrán nuevos recursos legales.
ISRAEL MEDINA
