El Consejo Comunitario de Kinchil interpuso un juicio de amparo para frenar de manera definitiva la construcción de una granja avícola que, de acuerdo con sus integrantes, ya provocó daños severos en la zona arqueológica de Tzemé.

Federico May, presidente del organismo, recordó que el 17 de octubre notificaron formalmente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre la situación, pero “nadie atendió el llamado”, aun cuando advirtieron que la maquinaria continuaba operando pese a los sellos de clausura.

Ignorados por autoridades

Según expuso, la empresa responsable ignoró en dos ocasiones los cierres ordenados por autoridades federales, primero por el INAH y después por la Profepa, lo que permitió que las obras continuaran sin consecuencia alguna.

“La compañía solo detuvo momentáneamente las labores cuando aumentó la presión pública, pero después de los sellos retomaron el trabajo sin que nadie hiciera valer la ley”, señaló.

Señalan a comisario

El representante comunitario también cuestionó la actuación del comisario municipal, a quien acusó de negar apoyo a la población y de enviar policías para intimidar a las y los habitantes.

Indicó que la zona dañada forma parte del patrimonio arqueológico y que, además, existen legítimos poseedores de los terrenos cuyas garantías fueron vulneradas.

“Nos acusan de invadir propiedad privada cuando estamos en un espacio arqueológico; si algo, es propiedad de la nación”, afirmó.

Detalló que en el área intervenida había estructuras prehispánicas, como pirámides y un juego de pelota, que la empresa destruyó durante los trabajos. Incluso, dijo, familias como los Canul resultaron afectadas cuando el rompimiento de cercos dispersó su ganado.

Calificó lo ocurrido como un “golpe directo contra la cultura maya” y aseguró que también recibieron versiones de que la empresa pretende mover las naves hacia el cenote Chanílá, donde igualmente hay vestigios arqueológicos.

“Dicen: ‘lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer’. ¿De qué impunidad se sienten estas personas que creen poder imponer sus decisiones sobre el patrimonio de Kinchil?”, cuestionó.

Finalmente, informó que el amparo ya obtuvo una suspensión temporal que ordena detener las obras mientras continúa el proceso legal.

“Confiamos en alcanzar pronto la suspensión definitiva. Vamos a seguir los cauces legales, pero la comunidad de Kinchil no se va a quedar de brazos cruzados”, afirmó.