El Congreso de Yucatán enfrenta posibles sanciones administrativas y penales tras incumplir el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al no lograr reformar la Constitución estatal que protege la vida desde la concepción, a pesar de haber aprobado la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en el Código Penal.
Esta contradicción normativa genera un escenario de inseguridad jurídica para mujeres y prestadores de servicios de salud, además de abrir la puerta a nuevas impugnaciones legales y una posible intervención directa de la SCJN.
En una tensa sesión legislativa, marcada por manifestaciones simultáneas de grupos feministas y provida, el Congreso yucateco votó ambas iniciativas con el mismo resultado: 22 votos a favor y 13 en contra.
Sin embargo, mientras esta votación fue suficiente para modificar el Código Penal, quedó dos votos por debajo de la mayoría calificada de dos tercios requerida para reformar la Constitución local.
Legisladores enfrentarían posibles sanciones
Este desacato a la orden judicial podría tener consecuencias para los legisladores que votaron en contra de la reforma constitucional: los 13 diputados que rechazaron la modificación podrían enfrentar procesos de responsabilidad administrativa conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que contempla sanciones desde amonestaciones públicas hasta inhabilitaciones temporales para desempeñar cargos públicos por períodos de uno a diez años.
Adicionalmente, el incumplimiento de una sentencia judicial podría configurar el delito de «abuso de autoridad» tipificado en el Código Penal Federal, que prevé penas de uno a ocho años de prisión para servidores públicos que deliberadamente incumplan mandatos de autoridad competente.
La SCJN podría también solicitar al Congreso de la Unión que inicie procedimientos de juicio político contra los legisladores, conforme al artículo 110 de la Constitución federal.
Denunciarán a diputados por violaciones
Los activistas por derechos reproductivos ya han anunciado que presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública contra los diputados que votaron en contra, argumentando que su actuación constituye una violación a los derechos humanos reconocidos por la Corte.
En casos precedentes de desacato a resoluciones de la SCJN, como el ocurrido en Veracruz en 2021, los legisladores enfrentaron multas económicas individuales que ascendieron hasta 43,440 pesos, equivalentes a 500 Unidades de Medida y Actualización.
La decisión coloca al Gobierno del Estado en una posición compleja. En 2018, cuando militaba en el actual Gobernador expresó abiertamente su postura «provida», declarando que buscaría «contactar a menores embarazadas con agrupaciones a través del DIF Yucatán para convencerlas de finalizar el embarazo y darlo en adopción».
La votación reveló un interesante reacomodo de las fuerzas políticas en Yucatán. Los 22 votos a favor provinieron de Morena (17), PRI (2), Movimiento Ciudadano (2) y PT (1), mientras que los 13 votos en contra fueron del PAN (12) y del PVEM (1). Esta distribución evidencia cómo la votación «desdibujó las alianzas políticas», con el PRI votando junto a Morena y el Partido Verde rompiendo con su aliado tradicional para unirse al bloque conservador.
Sujetos a posible sanción
los legisladores que votaron en contra fueron: María Teresa Boehm Calero, Álvaro Cetina Puerto, Manuela de Jesús Cocom Bolio, Itzel Falla Uribe, Melba Rosana Gamboa Ávila, Zhazil Leonor Méndez Hernández, Rafael Gerardo Montalvo Mata, Marco Antonio Pasos Tec, Ana Cristina Polanco Bautista, Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro, Sayda Melina Rodríguez Gómez, Roger José Torres Peniche y Ángel David Valdez Jiménez.
La reforma aprobada al Código Penal deroga el artículo 392 que criminalizaba el aborto voluntario, permitiendo la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, después de este período, el aborto sigue considerándose un delito con sanciones que van desde tres meses hasta un año de prisión o de 50 a 200 días de trabajo comunitario.
Con esta decisión, Yucatán se convierte en el estado número 23 de los 32 que integran el país en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Este avance se enmarca en un proceso nacional que comenzó en 2007 con la Ciudad de México como pionera.
ACOM
