Mérida, Yucatán, 6 de diciembre de 2019 (ACOM).- Mujeres que fueron detenidas previo a la manifestación del 25 de noviembre acudieron ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y denunciaron un presunto caso de abuso policial.
Las agraviadas y miembros del grupo indignación interpusieron cinco quejas por detención arbitraria y violaciones a sus derechos, por parte de los uniformados.
De hecho, precisaron que también recurrirán a la propia Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el gobierno estatal.
«Las lesiones y malos tratos de los policías constituyen graves violaciones a los derechos humanos y constitucionales y se denuncian hoy ante la Comisión de Derechos Humanos, ante el Órgano Interno de Control de la SSP y ante el gobierno del Estado», dijo «Emma», quien habló en representación de las afectadas.
«Por las amenazas recibidas, se está pidiendo medidas cautelares a la Codhey, una menor de edad fue esposada, a pesar de que la ley del Sistema de Justicia para Adolescentes expresa a los cuerpos policíacos evitar hacerlo», agregó.
«Los malos tratos, jaloneos y golpes durante la detención y traslado, provocaron una amenaza de aborto en una compañera embarazada», externó.
Las afectadas precisaron que fueron presa de palabras altisonantes, hostigamiento e, incluso, se les obligó a otorgar sus contraseñas de celular.
Asimismo, aseguran que la detención fue sin objeto aparente y basado en el criterio de los elementos, por lo que la consideraron ilegal.
«Se trataba, efectivamente, de una detención arbitraria e ilegal, de inmediato nos pusimos a recabar testimonios y compañeros del equipo se trasladaron a las instalaciones donde se encontraban detenidas», explicó Martha Capetillo Pasos, miembro del equipo «Indignación».
«Posteriormente, tuvimos conocimiento de la SSP que parecía confirmar lo que estábamos constatando, que la detención no tenía motivo. Es una violación a los derechos humanos gravísima, detener sin motivo o iniciar esta figura, que quiso manejarse en el comunicado, de una especie de detención preventiva», apuntó.
Activistas y afectadas exigieron a las autoridades dar atención a las solicitudes e iniciar las investigaciones pertinentes.
En tanto, la Codhey, a través del secretario ejecutivo, Gustavo Arjona Canto, se comprometió a atender el caso y darle el cauce adecuado.
