Una presunta red de corrupción que involucra a la Fiscalía General del Estado y a empresarios inmobiliarios enfrenta señalamientos por el intento de despojo del predio Chan Sinanché, ubicado en la zona costera de Chabihau, Yucatán.
El conflicto se centra en 104 hectáreas que adultos mayores poseen de forma legítima mediante un decreto presidencial, según consta en documentos oficiales y testimonios de los afectados.
Los propietarios denuncian que autoridades estatales alteraron la ubicación geográfica del terreno en registros oficiales. Afirman que esta maniobra los alejó del frente de playa para beneficiar a desarrolladores privados.
De acuerdo con la denuncia, el predio aparece “movido” en planos y expedientes administrativos, lo que permitió a terceros reclamar la posesión de una zona con valor para proyectos inmobiliarios.
Los afectados señalan que la fiscalía colocó sellos de aseguramiento en el terreno. Esta medida impide el ingreso de los dueños originales.
Según la acusación, el aseguramiento protege la construcción de un complejo habitacional destinado a personas extranjeras retiradas, sin consentimiento de los propietarios legales.
Los denunciantes identifican al empresario Gabriel Abdala Berzunza como beneficiario directo del presunto despojo. Lo acusan de presumir pagos al fiscal general para obtener protección judicial.
Esta afirmación forma parte de los señalamientos incluidos en la denuncia penal presentada ante las autoridades correspondientes en el municipio de Motul.
El expediente UNATD24-GL/1809/2025 permanece vigente. Los propietarios aseguran que el proceso no avanza por presiones e intereses económicos.
Ante esta situación, los afectados solicitan la intervención de la Fiscalía General de la República. Argumentan que el predio corresponde a terrenos nacionales.
Sostienen que la justicia estatal responde a intereses privados. Por ello, buscan que una autoridad federal atraiga el caso.
El conflicto por el predio Chan Sinanché también llegará a la conferencia matutina de la presidenta de la República, según informaron los denunciantes.
