Mérida, Yucatán; 16 de septiembre de 2020.- La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a S.E.C.P. por su presunta participación en el delito de violación, denunciados tras los hechos ocurridos en agravio de un adolescente de 15 años en el municipio de Muna.

Tras ejecutarse una orden de aprehensión, se realizó la audiencia en el Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial, donde los fiscales presentaron los datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso del imputado, quien se acogió a la ampliación del término constitucional para definir su situación legal, por lo que la Juez de Control estableció que la diligencia continuará este 21 de septiembre.

Los hechos, reunidos en la carpeta de investigación de la causa penal 54/2020, ocurrieron el pasado 13 de septiembre en un predio de la colonia Santa Rosa de Lima, de dicha localidad, donde el imputado, presuntamente haciendo uso de las violencias física y moral, cometió los ilícitos en agravio del menor, por lo que se presentó la formal denuncia.

Por último, los fiscales adscritos presentaron los argumentos para solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que la Juez de Control, tras valorarlos, otorgó la medida hasta la audiencia donde se resuelva la situación jurídica del imputado.

También al ‘botellón’ por crimen en Celestún

Por otro lado, por su presunta participación en el delito de lesiones calificadas y ataques peligrosos, denunciado tras los hechos ocurridos en calles de la colonia Benito Juárez, de Celestún, fue vinculado a proceso R.I.M.C., denunciado por L.F.P.R.

En la causa penal 16/2020, se señala que los hechos ocurrieron cuando el querellante se encontraba en su domicilio  y el hoy imputado presuntamente ingresó y lo lesionó con un cuchillo en diversas partes del cuerpo.

En la audiencia realizada en el Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Umán, la Fiscalía General del Estado (FGE)  presentó los datos de prueba para solicitar se resolviera la situación del indiciado.

La autoridad judicial, tras evaluarlos, decretó el auto de vinculación a proceso y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso.

Finalmente, la jueza de Control otorgó a la representación social un plazo de 3 meses para el cierre de investigación complementaria, tiempo durante el cual se continuará con las diligencias del caso para obtener los datos necesarios que permitan definir la situación jurídica del indiciado.