Mérida, Yucatán; 7 de abril de 2022 (Por Aldrin Briceño Conrado).- Una de las primeras instituciones creadas desde la instauración de la Nueva España, fueron los archivos municipales, desde esa época, se entendía la necesidad de documentar la vida publica, para efectos de cumplir una doble función, siendo el resguardo documental de la administración y por otro lado,  registrar con precisión lo actos y acciones emprendidos en el servicio publico, todo en el afán de dar  cuenta y certeza de la buena administración que se debe a la ciudadania.

Sin embargo la forma en que se ha desarrollado el archivo en nuestro país, ha dejado luces y sombras en su materialización práctica, pues es de conocimiento publico que poco se ha valorado el trabajo archivístico, siendo que para muchos, el sinónimo de archivo, era el de dar carpetazo o de encerrar en el olvido los asuntos de la vida publica o el lugar húmedo y oscuro donde se reprendía al empleado incomodo o que en su caso,  el que no cumplía con las expectativas del trabajo encomendado y entonces “se mandaba al archivo”, es claro que ante esa realidad de parsimonia y opacidad de la administración publica,  que arraigaban la creencia de un arrogancia burocrática,  se proyecto la reforma constitucional de 2014, cuyo cimiento era claro, dotar al orden jurídico mexicano de leyes generales que permitieran el combate frontal contra la corrupción, que permitiera a nuestro país acceder a una sociedad informada, donde en el centro del quehacer publico estuviera el ciudadano, como elemento que nos acercara a otras democracias dentro del concierto internacional.

En las discusiones de esa arquitectura legal, se vio la necesidad de constituir un trinomio de leyes generales, que pudieran dar orden y sistematizar al servicio publico, sin lugar a duda los alcances de las leyes generales de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Archivo, han permitido iniciar una transformación cultural en las instituciones publicas de la mano de los servidores públicos comprometidos con la cultura de la transparencia.

De muchos es conocido la contra lógica de la aprobación de estas leyes que son base de la política nacional de transparencia, siendo que el origen de la producción de información documental, se encuentra en la correcta gestión de los expedientes del archivo en las instituciones, para luego, de manera directa entregarla al ciudadano vigilante, esto es al ciudadano interesado en lo publico, que es de suyo el oficio mas difícil, la disciplina de seguir y escudriñar el quehacer del Estado.

En ese sentido la Ley General de Archivos, expedida el 15 de junio de 2018, representa un nuevo inicio que pondera el esfuerzo por reordenar lo que de inicio debió estar ordenado, de poner el dedo en la llaga y señalar la importancia del documento en su expediente, como base del actuar publico y por ende del acceso a la información.

Sin embargo, en este año 2022,  21 de los 32 estado federados contaban con su ley aprobada  y 11 de 32 aun están en proceso de aprobación, según las cifras del Archivo General de Nación.  De las leyes aprobadas 16 de 20 se encuentran sujetas a acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia  de la Nación, ante este panorama los obstáculos de la implementación de la Ley General de Archivos son un reto de proporciones excepcionales, empezando como se ha visto, por la homologación y por supuesto para la implementación de la cultura archivística que permee el ADN del servicio público.

Una de las tantas preocupaciones que presenta la Ley General de Archivos, es la competencia municipal, la necesaria reglamentación del archivo en los municipios, el entendimiento puntual de los servidores públicos para establecer un Sistema Institucional de Archivo y la conformación del grupo interdisciplinario para la valoración de los expedientes de archivo, que necesitaran un acompañamiento profesional y sin precedentes  para el cumplimiento de la ley.

Y si bien esta carencia no es exclusiva de los 2,471 municipios del país, es aplicable a los otros dos niveles de gobierno, es decir estatales y federal, que tendrán que redoblar el esfuerzo para dotar de capacitación, en vías de una profesionalización a los encargados de los archivos.

Todo ello aderezado por la necesaria voluntad política que desde el legislativo debe dotar de manera especifica del presupuesto necesario para este derecho de documentar la verdad de los actos del servicio publico, no como un anexo mas, sino como una acción que se relaciona con la política publica de transparencia, el acceso a la información, y con la obligación de documentar todos los actos administrativos, pero fundamentalmente con la comprensión que sin documentos  en sus expedientes no habrá una efectiva rendición de cuentas.