El proceso electoral judicial que se avecina para el 1 de junio podría convertirse en un experimento democrático sin precedentes, no necesariamente por sus virtudes sino por sus complicaciones logísticas y disparidades representativas, según revela un análisis detallado publicado por la consultora Integralia.
El reporte «Campañas» advierte que la elección de 881 cargos judiciales federales, más cientos adicionales a nivel local en 19 entidades, operará con la mitad del presupuesto que la elección constitucional de 2024, pese a que deberá procesar casi el doble de boletas: 602 millones frente a los 312 millones del año pasado.
«Este proceso ha presentado muchos desafíos por su apresurada ejecución y estará marcado por recursos insuficientes para organizar la elección con estándares de cobertura y calidad», señala el documento de Integralia, que subraya la paradoja de contar con apenas 4,350 millones de pesos para la organización electoral, un 50.6% menos que los 8,802 millones destinados en 2024.
Menos casillas, más retrasos
La infraestructura electoral también muestra preocupantes contrastes. Los comicios judiciales contarán con apenas 83,997 casillas, prácticamente la mitad de las 170,182 instaladas el año pasado. Esto significa que cada casilla deberá procesar en promedio el doble de boletas, lo que podría ralentizar significativamente el proceso y aumentar la probabilidad de errores operativos.
Particularmente alarmante resulta la disparidad geográfica en la representación. El análisis cuantitativo revela que el valor relativo del voto varía hasta 5.7 veces entre diferentes regiones: mientras en la Ciudad de México el valor relativo del voto alcanza 0.2239 por cada 10,000 habitantes, en el Estado de México se reduce a apenas 0.0396.
«Habrá voto disparejo. Las personas votantes de la Ciudad de México tendrán mayor injerencia en el resultado, pues podrán elegir jueces y magistrados cuyas decisiones tendrán impacto nacional», destaca el reporte, explicando que esto ocurre porque en la capital se concentran juzgados y tribunales especializados que resuelven controversias a nivel nacional.
Restricciones afectan campañas judiciales
Las restricciones impuestas a las campañas agravan el panorama. Los topes de gastos oscilan entre 220,326 pesos para jueces de distrito y 1,468,841 pesos para cargos nacionales, cifras notablemente inferiores a los 2,203,262 pesos permitidos para candidatos a diputados federales en 2024. Además, las candidaturas judiciales tienen prohibido contratar espacios en medios, utilizar espectaculares o repartir materiales promocionales que no sean impresos biodegradables.
«Topes de campaña muy bajos que impiden que las campañas sirvan para promover el voto informado», señala el documento, anticipando que «habrán muchos recursos financieros y en especie que no serán reportados al INE».
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El reporte de Integralia también advierte sobre las posibles consecuencias de este proceso para la independencia judicial. «Dado que los ganadores serán mayormente quienes sean apoyados por el gobierno y la coalición oficial, la mayoría de las nuevas personas juzgadoras tendrán una disposición natural para actuar con criterios de lealtad política», señala el análisis, que concluye con una proyección inquietante: «Con el paso del tiempo el Poder Judicial federal perderá su papel como contrapeso de los ejecutivos y legislativos».
La complejidad del diseño electoral también se refleja en la creación de 60 distritos judiciales electorales que no coinciden con los 300 distritos electorales federales tradicionales, lo que ha requerido un ajuste sin precedentes en la geografía electoral del país.
Yucatán
Respecto a Yucatán, el reporte de Integralia ofrece datos específicos dentro del análisis de la geografía electoral judicial. Según el documento, el estado forma parte del Circuito Judicial XIV y cuenta con un solo Distrito Judicial Electoral.
El análisis cuantitativo muestra que Yucatán tiene un valor relativo del voto de 0.0502 por cada 10,000 habitantes, lo que lo coloca en el rango «bajo» dentro de la clasificación establecida por la consultora. Este valor representa aproximadamente una cuarta parte del asignado a los distritos de la Ciudad de México, evidenciando la disparidad regional en la representatividad electoral.
En cuanto a la distribución de cargos judiciales, Yucatán aparece en el reporte con un total de apenas 9 magistraturas a elegir, cifra significativamente menor a las 104 de la Ciudad de México. Aunque el documento no detalla la especialización de todas estas posiciones, se menciona que Yucatán es una de las 19 entidades que sí reformaron sus constituciones locales para implementar la elección judicial en 2025, cumpliendo con el plazo constitucional establecido, a diferencia de los seis estados que, según Integralia, incumplieron dicho plazo.
Esto coloca a Yucatán entre los estados que aparentemente se han adaptado al nuevo modelo de selección judicial, aunque con un peso electoral considerablemente menor al de otras regiones del país.
A dos meses de la jornada electoral y con el inicio de campañas este 30 de marzo, este análisis plantea serias dudas sobre la viabilidad y eficacia de la reforma judicial impulsada por el gobierno de Morena, cuya primera prueba podría revelar deficiencias estructurales significativas tanto en su diseño como en su implementación.
ACOM
