Mérida, Yucatán; 18 de agosto de 2022 (ACOM).- Piden la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.
Luego de que el organismo promoviera una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra la llamada «Ley 3 de 3» contra la violencia en Yucatán, la agrupación Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva de Yucatán (Amisy) advirtió que se pone en riesgo las estrategias emprendidas para el combate a la violencia.
«Es reprochable que la CNDH ponga toda la fuerza moral de esta institución y utilice el lenguaje de los derechos humanos para perpetuar y reforzar prácticas que afectan a las mujeres, niñas y niños», señaló Sandra Peniche, integrante de este grupo.
En un escrito que será enviado al senado de la República, Amisy también solicitó a esta cámara iniciar el procedimiento para la destitución de Piedra Ibarra, además de que solicita a la corte ratificar la constitucionalidad de las reformas aprobadas por el Congreso de Yucatán, sobre todo, en la que se refiere a que los candidatos a puestos de elección popular no deben ser deudores alimentarios, pues afirman que con esto se garantiza el resguardo del derecho de los infantes.
«Que la CNDH, en los argumentos para justificar su acción, no advierta relación alguna entre las reformas aprobadas por el Congreso del Estado y su relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el principio superior de la niñez», remarcó María Eugenia Núñez, integrante de este grupo.
La agrupación también reprochó que la CNDH también pasa por alto los preceptos que protegen a los derechos de quienes no cumplen 18 años, además de que no advierte la trascendencia de que se actualiza la obligación de los progenitores que no han cumplido con otorgar pensión alimenticia.
«La CNDH y su titular ignora que hace más de 40 años que el movimiento de las mujeres demostró que lo personal es político, que nuestros problemas no son individuales y no se pueden aislar», refirió Rita Farjat, otra de las integrantes.
De igual manera, se dejó en claro que la medida aprobada por el Congreso estatal y que fue avalada por los 106 ayuntamientos del Estado tiene similares aplicaciones en otros estados del país, aunado que es un lineamiento emitido por el propio INE.
«La CNDH también ignora que además de Yucatán, en Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Oaxaca y la Ciudad de México ya se exige como requisito, para ocupar un cargo público, no ser deudor de pensión alimenticia», externó Ligia Vera, investigadora y catedrática que colabora con la agrupación.
Se urgió a la CNDH a comprender que las acciones emprendidas sirven para proteger a las personas del abuso de poder y violaciones a sus derechos, por lo que se le instó a evitar que personas que violen la ley ocupen algún cargo público.
