En medio de controversias y cuestionamientos sobre el Instituto Nacional Electoral (INE), el IEPAC de Yucatán inició formalmente el proceso electoral local 2026-2027. Su presidente, Moisés Bates Aguilar, reconoció que las instituciones electorales enfrentan una crisis de confianza y están obligadas a demostrar con hechos su transparencia e imparcialidad.
En ese contexto, la revisión de proveedores y la posibilidad de contratar empresas distintas representan un reto para el IEPAC. Sin embargo, Bates Aguilar no anunció durante su discurso una sustitución de proveedores ni identificó empresas investigadas.
Durante la ceremonia de apertura, Bates Aguilar admitió que el debate nacional atraviesa una etapa de polarización y fuertes cuestionamientos hacia los órganos encargados de organizar las elecciones.
El consejero presidente sostuvo que sería imposible ignorar las exigencias ciudadanas de claridad e integridad institucional. Por ello, afirmó que el IEPAC deberá responder con resultados, rigor técnico y apertura pública.
Uno de los principales desafíos del organismo será garantizar la transparencia en la contratación de empresas encargadas de imprimir boletas y suministrar material electoral, ante las investigaciones y observaciones sobre contrataciones electorales que han alcanzado a Yucatán.
El antecedente incluye las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a contratos y gastos electorales de 2024, que han colocado bajo escrutinio los procedimientos de adjudicación y la comprobación de recursos públicos.
El presidente del organismo también rechazó cualquier identificación partidista del Consejo General.
“Nuestro único partido será la Constitución”, expresó, al asegurar que la autonomía del árbitro electoral será innegociable y que las reglas se aplicarán sin favoritismos.
Asimismo, prometió máxima publicidad de las licitaciones, compras y operaciones relacionadas con la organización electoral.
Bates Aguilar recordó que las campañas todavía no comienzan y exhortó a los partidos políticos a respetar los plazos legales, evitar la violencia política y abstenerse de promover campañas de desinformación.
El proceso arranca así con el compromiso institucional de garantizar elecciones confiables, pero también con el desafío de recuperar la credibilidad de las autoridades electorales y transparentar el destino de los recursos públicos.
ACOM
