Por Wilbert Salvador Solís Concha*

La pandemia del COVID-19 parece estar haciendo evidente qué tanto se atiende o descuida el derecho a la salud, al mismo tiempo que muestra una economía frágil y la inequidad que hay en nuestra sociedad.

Sin embargo, y a pesar del deterioro al tejido social que suponen ciertas decisiones, en México aún existe pluralismo político y social. Podemos percibir la presión que se ejerce todos los días hacia el gobierno, ya sea mirando el noticiero por la mañana o en nuestra sección de noticias en redes sociales.

«Organizaciones internacionales como Freedom House, dedicadas a medir la expansión de la libertad y la democracia en los gobiernos del mundo, califica a nuestro País como alto en el nivel de pluralismo político y de participación». Aquellos sectores “sumergidos” en la esfera socio-política, principalmente las organizaciones de la sociedad civil, las cámaras empresariales y los especialistas en temas económicos y sanitarios, están señalando de forma constante las decisiones gubernamentales. 

La respuesta hacia la presión que se ejerce sobre el gobierno federal en torno al COVID-19 puede ser concebida desde dos posibles escenarios. En el primero, el gobierno adopta un enfoque de gobernanza, y entiende la complejidad del problema y sus limitantes para resolverlo sólo, por lo tanto, establece mecanismos —formales o no— de participación ciudadana y rendición de cuentas, en los cuales son incluidos actores sociales estratégicos para construir alianzas de colaboración y corresponsabilidad.

Así pues, los señalamientos más que una amenaza, representan una “ventana de oportunidad” para visibilizar con mayor amplitud el sentir y las demandas de los sectores sociales en relación a la crisis sanitaria. Las decisiones en este supuesto, son consensadas, objetivas y con mayor grado de legitimidad. Es mucho más probable, que estas acciones influyan en la opinión pública de forma positiva — o menos negativa— sobre las decisiones del gobierno.

Para Luis Aguilar, bajo esta óptica, la democracia no se limita al ejercicio en las urnas electorales, sino constantemente en el quehacer del gobierno, y busca argumentar y probar que se puede ser realmente un gobierno efectivo en los tiempos actuales.

En el segundo escenario —el que ha elegido el gobierno actual— las decisiones políticas se han llevado desde interior del gobierno. Una concepción más schumpeteriana, donde los ciudadanos se restringen a participar en las elecciones y al escrutinio de las acciones del gobierno “desde lejos”—es decir, una teoría más elitista.

El gobierno actual emprendió la gestión sanitaria de la pandemia sin el acompañamiento de los sectores sociales más afectados por el COVID-19. Pero no sólo eso, también ha generado a través del ejecutivo, un discurso populista y con descalificaciones hacia ciertos grupos de intelectuales, así como a la prensa nacional y extranjera.

Algunas instituciones autónomas, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación -CONAPRED, para la prevención de la discriminación, también han sido desacreditadas, aun cuando existe un número importante de quejas por actos de discriminación por el COVID-19.

Por su parte, las cámaras empresariales señalaron su exclusión en el diseño de las estrategias del plan económico para hacerle frente a la pandemia, así como la desaprobación de las medidas adoptadas por el gobierno.

De igual manera, organizaciones de la sociedad civil demandaron atención a los grupos vulnerables y denunciaron actos de corrupción en la adquisición del equipamiento para hospitales que atienden a pacientes en estado crítico por el COVID-19.

Por un lado, el discurso el presidente dijo “primero los pobres”, mientras que se recortaba el presupuesto para el Programa de los Derechos Indígenas, enfocado a proteger principalmente a las mujeres.

Si bien no hay señales concretas que atenten contra la democracia en nuestro país, tampoco hay avances importantes. El Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, «señala que no existen variaciones significativas durante la gestión sanitaria del COVID-19 —esto no precisa que problemas emergentes como una crisis sanitaria amenace sustancialmente a nuestra forma de gobierno—».

En otras palabras, la democracia mexicana se parece al paciente asintomático — sabemos que está ahí, pero no presenta síntomas de deterioro en principio visibles.

Las decisiones del gobierno para hacerle frente al virus que nos obligó al confinamiento voluntario ha tenido un impacto importante en la sociedad. Lo anterior, se ha visto reflejado en la percepción que tiene la ciudadanía sobre la eficiencia y eficacia del gobierno.

Prácticamente, en todas las consultas de opinión pública se ha registrado una caída importante en el nivel de aprobación y la gestión del gobierno de López Obrador.

Los gobernadores por su parte, principalmente los de oposición, han buscado distanciarse de la estrategia sanitaria del gobierno federal, y “capitalizar políticamente” por cuenta propia, la situación actual. Resulta que el promedio nacional de aprobación de los gobernadores de México se ha incrementado de manera significativa durante la pandemia.

Lo anterior trae consigo profundas consecuencias políticas a nivel local, a costa de acciones incrementalistas y nada racionalistas —esas para salir del paso como llamaba Lindblom—, que carentes de fundamento legal, están más enfocadas en avanzar en los niveles de popularidad de los políticos para la perpetuación del poder, con una línea casi inidentificable del “hacer lo mejor para todos” pero con una posible violación del pleno ejercicio de los derechos humanos. 

Wilbert Salvador Solís Concha

Maestro en Salud Pública por el Instituto de Salud Pública, Epidemiología y Desarrollo (ISPED), Universidad de Burdeos, Francia y Maestro en Promoción de la Salud y Desarrollo Social por la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Pública de Navarra, España (UPNA). Actualmente especialista en temas de salud pública, promoción de la salud, desarrollo social y políticas públicas.

Contacto: wilbertsolisconcha@gmail.com