Por Wilbert Salvador Solís Concha*

Existe un dilema profundo entre los grupos académicos, la sociedad y la prensa sobre las decisiones que se han tomado durante la gestión del COVID-19, mismo que nos lleva a ahondar en los enfoques ideológicos de fondo, que responden a una concepción de la justicia.

En este sentido, la pandemia nos obliga a analizar el trasfondo normativo de las decisiones que ha tomado el gobierno de México, y por tanto, a comprender su inclinación moral —o las paradojas detrás de la misma—.

¿Cuáles han sido las etapas de la pandemia y qué decisiones ha tomado el gobierno de López Obrador de mayor relevancia durante la gestión sanitaria del COVID-19 en México? 

Antes del primer caso confirmado, la decisión inicial fue la de total apertura de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas, evitando la restricción del acceso a personas provenientes del extranjero; sin embargo, complementada con una estrategia de mitigación, se realizaba un tamizaje a los foráneos y viajeros con síntomas o características sospechosas de contagio.

Esta porosidad fronteriza, en un sentido estricto parecía exhibir “un laissez-faire”, un dejar hacer-dejar pasar, que inclinó al Estado, o a sus operadores, en una dirección de corte libertaria. Así, el Estado tomó un papel de vigilancia y protección, reducido a mantener el orden en los accesos al territorio nacional, como aquel de la obra Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick: un Estado mínimo.

Para algunos, hoy en día, reinterpretado en el lenguaje de la comunicación política como neoliberalismo, un Estado que no limita a los individuos por un bien mayor, sino que permite el despliegue de intereses y motivaciones distintas.

Con lo contrario —cerrar las fronteras— no querría decir que la decisión, se situara más o menos a la derecha o la izquierda, sino que la motivación para hacerlo, estaría más ligada a principios nacionalistas en pos de reconocer y brindar protección solo a sus connacionales, mientras se excluye a migrantes, como ha sido y fue la situación que se suscitó en los Estados Unidos con el presidente Trump.

Durante el desarrollo de la política sanitaria en torno del COVID-19 fueron incluidas una serie de fases, mismas que estuvieron relacionadas son el avance del número de contagios, desde los primeros casos, hasta la transmisión comunitaria del virus.

Las decisiones del gobierno consistieron en la suspensión de actividades escolares en todos los niveles educativos, la contratación de personal de salud, la restricción de eventos masivos que involucraran la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad, la Jornada Nacional de Sana Distancia, la adquisición de equipamiento e insumos hospitalarios, el paro de actividades económicas no esenciales y la complementación del sistema de salud con personal médico de la marina y la armada.

Este conjunto de acciones de gobierno, pareció claramente enfocado en garantizar el mayor bienestar posible para el mayor número de personas, a costa de posibles sacrificios de derechos y daños individuales, en ese sentido, mostrando una posición gubernamental cercana al utilitarismo de John Stuart Mill. 

Actualmente con un panorama de desconcierto social generalizado, nos hemos lanzado a la denominada “nueva normalidad”, que no es más que un salto a la incertidumbre de cuándo regresaremos a la vida a la que estábamos acostumbrados.

Para Thomas Dye, politólogo norteamericano, «las políticas públicas son lo que los gobiernos deciden realizar o no realizar». En ese sentido, durante la etapa de reapertura económica, el gobierno no optó por el aumento de la deuda pública para la atención de los grupos más afectados por la pandemia.

La respuesta parece conservadora en el sentido económico —ahora sí del neoliberalismo— pues no impulsó ninguna estrategia fiscal para recaudar más impuestos y destinarlos a los más necesitados, mientras que los homólogos del presidente López Obrador en otros países con discursos y políticas más progresistas ampliaban el gasto público para minimizar el impacto del virus, principalmente por la pérdida de empleos.

En México el nivel de empleos perdidos oscila actualmente entre los 1.7 millones según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin contar que la profundización de la crisis se dará en las zonas rurales —en su mayoría indígena— donde la tasa de informalidad laboral rebasa el 80%. En esta decisión del gobierno, la metáfora de la mano invisible de Adam Smith, o mejor dicho, mantener el estado de cosas como existe —entiéndase status quo— cobra sentido. 

El gobierno mexicano pudo y puede debatirse entre decisiones conservadoras y progresistas, sin embargo, no se observó una política pública sobre un camino que, respetando las libertades iguales de toda la ciudadanía, optara por acciones que resguardasen la situación de los menos aventajados, generando al mismo tiempo igualdad de oportunidades, o mínimamente, un piso de equidad para el acceso a los derechos.

No hemos visto una senda como la propuesta por John Rawls, de un igualitarismo liberal, kantiano, donde desde el reconocimiento de la dignidad de todos los mexicanos, se rescatara a las personas de su condición de vulnerabilidad.

Wilbert Salvador Solís Concha

Maestro en Salud Pública por el Instituto de Salud Pública, Epidemiología y Desarrollo (ISPED), Universidad de Burdeos, Francia y Maestro en Promoción de la Salud y Desarrollo Social por la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Pública de Navarra, España (UPNA). Actualmente especialista en temas de salud pública, promoción de la salud, desarrollo social y políticas públicas.

Contacto: wilbertsolisconcha@gmail.com