Los hechos ocurridos en Tekit en enero de 2025 y Chemax el pasado 1 de octubre de 2026 colocan nuevamente sobre la mesa dos vacíos en Yucatán frente a los linchamientos: la falta de un protocolo específico que determine cómo deben intervenir las autoridades y la inexistencia de esta conducta como un delito autónomo en la legislación estatal.

El planteamiento fue realizado por Francisco José Parra Lara, de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien analizó las implicaciones jurídicas de este tipo de violencia colectiva a partir del caso ocurrido en Tekit.

El antecedente más grave se registró la noche del 27 de enero de 2025, cuando un hombre fue golpeado y posteriormente incendiado en la calle 30 por 31 y 29 de Tekit. La víctima murió como consecuencia de las agresiones.

El caso evidenció la forma en que actualmente deben procesarse estos hechos en Yucatán ante la ausencia de un delito específico de linchamiento. Cinco personas fueron vinculadas inicialmente por homicidio calificado cometido en pandilla y, posteriormente, dos de los involucrados fueron sentenciados a 18 años de prisión mediante procedimiento abreviado.

Chemax vuelve a poner el problema sobre la mesa

El segundo episodio ocurrió la noche del jueves 1 de octubre de 2026, en la calle 13 de la colonia Paraíso, en Chemax. Un hombre fue golpeado y posteriormente incendiado, aunque sobrevivió y fue trasladado al Hospital General de Valladolid. La Policía Municipal reportó posteriormente la detención de José “N” y Carlos “N”, puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los primeros reportes médicos difundidos por medios locales señalaron que el lesionado sufrió quemaduras en aproximadamente 10 por ciento del cuerpo y traumatismo craneoencefálico moderado.

Yucatán carece de protocolo específico

Para Parra Lara, un protocolo especializado permitiría establecer cómo deben coordinarse policías municipales, estatales y otras autoridades cuando una multitud amenaza con agredir a una persona.

Además de buscar impedir que la violencia se consume, estas reglas permitirían evaluar posteriormente si los servidores públicos actuaron conforme a sus obligaciones o incurrieron en omisiones.

El segundo problema surge cuando la agresión colectiva ya ocurrió. Individualizar responsabilidades puede resultar complejo cuando numerosas personas participan en golpes, lesiones o en la muerte de una víctima.

Por ello, el especialista plantea discutir también la creación de un tipo penal específico de linchamiento, con elementos y sanciones claramente establecidos.

ACOM