La terna que el gobierno del morenista Joaquín Díaz Mena envió al Congreso de Yucatán para ocupar la Dirección General de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) está conformada por tres perfiles con un pasado controvertido. Jacinto Sosa Novelo, Henry Arón Sosa Marrufo y Marco Antonio González Canto comparten no solo orígenes partidistas en el PAN y PRI, sino también cuestionamientos sobre su desempeño en puestos públicos durante las administraciones de Ivonne Ortega y Rolando Zapata, lo que genera dudas sobre la transparencia y criterios que definieron estas nominaciones.
El nombramiento llega tras la salida de Rafael Hernández Kotasek, quien dejó la dirección de la ATY en enero de 2025 para asumir responsabilidades relacionadas con el transporte en Cancún, dejando un vacío en el organismo que ahora busca ser llenado por uno de estos tres aspirantes. El proceso de selección contempla el análisis de los perfiles por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso, comparecencias ante los diputados, y una votación que requiere mayoría calificada (al menos 24 de los 35 legisladores).
Jacinto Sosa Novelo, actual encargado del despacho de la ATY, tiene una larga trayectoria política que comenzó en el PAN, donde fue considerado «uno de los dorados del panismo de Yucatán». Durante su militancia panista ocupó cargos como diputado local, regidor del Ayuntamiento de Mérida, director del Registro Civil y delegado federal de la Procuraduría Agraria durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), puesto desde el cual habría adquirido, según denuncias públicas ventiladas en los medios de comunicación, aproximadamente 100 hectáreas de tierras en zonas de alta plusvalía como Komchén a precios extremadamente bajos, cosa que él negó.
En 2018, Sosa Novelo protagonizó un giro político significativo al abandonar el PAN para sumarse a la campaña de Joaquín «Huacho» Díaz Mena, entonces candidato a la gubernatura por Morena. A diferencia de otros exmilitantes que expresaron públicamente sus motivos para abandonar el PAN, Sosa Novelo mantuvo un perfil discreto sobre las razones de su salida, lo que alimentó especulaciones sobre sus verdaderas motivaciones. Tras su cambio de partido, fue designado como representante del PT ante el IEPAC y posteriormente trabajó en el Infonavit, primero en Ciudad de México y luego como delegado en Yucatán.
Su salida del Infonavit en mayo de 2022, después de apenas 14 meses, ha sido objeto de interpretaciones contradictorias: algunas fuentes sugieren que fue cesado por «no prestarse a actos de corrupción», mientras otras apuntan a tensiones internas en Morena. También se le ha acusado de haber protegido al denominado «cártel Mañé», presuntamente dedicado a la estafa inmobiliaria. Ante esta acusación, también salió al paso para aclararlo. Bajo el gobierno actual de Díaz Mena, fue nombrado primero como director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial y, posteriormente, como encargado de la Dirección General de Transporte de la ATY.
Por su parte, Henry Arón Sosa Marrufo, originario de Tepakán y con formación en Derecho y una Maestría en Administración Pública, desarrolló su carrera principalmente en el PRI. Su trayectoria incluye haber sido alcalde de su municipio natal y Director General de Transporte del Estado durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco (2007-2012), cargo en el que estuvo «bajo escrutinio por presuntos casos de corrupción», según reportes de la época.
Durante el gobierno de Rolando Zapata Bello (2012-2018), Sosa Marrufo ocupó una curul como diputado local en la LXI Legislatura, donde alcanzó posiciones de liderazgo como Presidente de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación, y posteriormente Presidente de la Mesa Directiva. Su estilo político ha sido descrito como autoritario y confrontacional, siendo acusado por legisladores de oposición de «congelar» iniciativas que no provenían del PRI y de negar la palabra a diputados de otros partidos durante debates legislativos.
Aunque no existen registros públicos de una ruptura formal de Sosa Marrufo con el PRI, se sumó a la reciente campaña de Joaquín Díaz Mena realizando trabajo territorial para Morena. Actualmente ocupa el cargo de Jefe del Departamento de Planeación en el Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm) del Gobierno del Estado, demostrando capacidad “camalónica” en ell nuevo partido gobernante.
El tercer candidato, Marco Antonio González Canto, conocido como «Pipo», representa un caso particular por su doble rol como empresario del sector transporte y funcionario público. Propietario de la empresa «Urbanos de Mérida» desde 2003, González Canto desarrolló una larga carrera política en el PRI, ocupando el cargo de Subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, posición desde la cual habría presuntamente beneficiado a su propia empresa.
En julio de 2011, González Canto fue objeto de una denuncia formal ante la Contraloría General del Estado presentada por la diputada del PAN Magaly Cruz Nucamendi, quien lo acusó de presunto desvío de más de 71 millones de pesos a favor de su empresa transportista. Según la denuncia, estos pagos fueron por servicios de transporte para eventos del gobierno del Estado, actos de la gobernadora y diversos eventos públicos, violando la ley que prohíbe a funcionarios beneficiarse de contratos gubernamentales relacionados con sus empresas privadas.
Al igual que sus compañeros de terna, González Canto realizó una transición política pragmática, incorporándose a Morena en 2024 coincidiendo con el cambio de gobierno en Yucatán. Su nominación ha generado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés, particularmente considerando sus planes para el sector transporte, que incluirían la eliminación de las combis tradicionales y su sustitución por nuevos modelos operados por un círculo cercano de empresarios, entre los que se incluirían David Quintal, Rusell Arcila y Rafael Canto Rosado e hijos.
El proceso de selección del director de la ATY adquiere particular relevancia considerando que el cargo tiene una duración de cinco años, con posibilidad de ratificación hasta por dos periodos adicionales, permitiendo una permanencia de hasta 15 años en un puesto clave para la movilidad urbana en Yucatán. Las críticas a esta terna apuntan no solo a los cuestionamientos sobre el pasado de los candidatos, sino también a la aparente contradicción con el discurso de transformación y combate a la corrupción que caracterizó la campaña de Morena.
