La Auditoría Superior de Yucatán (ASEY) ha interpuesto denuncias penales contra varios ayuntamientos municipales en Yucatán debido a irregularidades encontradas en sus cuentas públicas, las cuales no se resolvieron durante la revisión oficial.
El titular de la ASEY, Mario Can Marín, reveló que estas acciones surgieron tras una exhaustiva revisión de las cuentas públicas correspondientes al año 2022 en más de 70 municipios de la región.
Cuatro municipios reprobados
Can Marín especificó que se identificaron irregularidades en cuatro municipios en particular: Maxcanú, Ixil, Telchac Puerto, Celestún y Tinum, principalmente en lo que respecta a proyectos de obras públicas y la omisión en la entrega de documentación requerida por parte de los Ayuntamientos.
«El 50% de las irregularidades detectadas estuvo relacionado con proyectos de obras públicas, mientras que el otro 50% se debió a la negativa de las autoridades municipales a proporcionar información específica sobre asignaciones directas de ciertos trabajos y rubros destinados al apoyo social», comentó.
El funcionario enfatizó que, a pesar de las múltiples solicitudes de la ASEY, las autoridades locales persistieron en su negativa a entregar la información necesaria, lo que dificultó en gran medida la labor de fiscalización.
Asimismo, resaltó que durante la revisión se evaluó el cumplimiento de hasta el 80% de las obras que se realizaban en las comunidades, destacando la importancia de la transparencia en la gestión pública.
Segundo informe de la ASEY
El titular de la ASEY anunció que el 30 de octubre presentará su segundo informe, el cual incluirá los resultados de 140 revisiones adicionales, mientras que aún queda pendiente verificar alrededor de 30 municipios.
Por todo lo anterior, instó a las autoridades municipales a cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización y a colaborar de manera efectiva en la resolución de las irregularidades detectadas.
La Auditoria Superior del Estado de Yucatán tiene por objeto fiscalizar y revisar el presupuesto ejercido por las entidades fiscalizadas en los términos de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del estado de Yucatán.
