Por Wilbert Salvador Solís Concha*

En un país tan desigual como México donde más del 40% de la población vive en una condición de pobreza —52.4 millones de personas con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social -CONEVAL—, la presencia de enfermedades infecciosas emergentes tiene consecuencias socioeconómicas mucho más graves y un vínculo negativo con el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Existe una asociación entre las regiones más pobres y la salud deteriorada —los pobres suelen enfermarse más y la enfermedad perpetúa la pobreza—. Pese a que la trasmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2 ha tenido mucha mayor fuerza en las zonas urbanas, la mortalidad de las enfermedades infecciosas en zonas rurales suele duplicarse.

Al finalizar el año, un número considerable de la población se encontrará en una situación de vulnerabilidad, pues las estimaciones más conservadoras señalan que al finalizar el año habrá más pobres en México, pues se espera un crecimiento de 7 puntos porcentuales en la población que vive una situación de pobreza por ingresos y que por lo menos, 6 millones de personas caerán en una situación de pobreza extrema.

Los grupos en desventaja son aquellos que están sufriendo con mayor fuerza los impactos del COVID-19, tanto en términos económicos, como emocionales. La deuda histórica con estos grupos, además de estructural y sistémica, afecta las condiciones de vida más próximas de la persona con su entorno.

Desde una perspectiva teórica de los derechos humanos, existen condiciones de vulnerabilidad —como la clase social, el género o las características étnicas— que posicionan a los grupos excluidos en el blanco para el atropello de sus derechos. Lo anterior, los convierten en sujetos o grupos con “motivos prohibidos de discriminación” o “clasificaciones sospechosas”.

El derecho a la salud, sin duda alguna es de los más importantes, pues del disfrute del nivel más alto de salud física, mental y social depende nuestra calidad de vida. Arthur Schopenhauer,  filósofo alemán con una de las mentes más ilustradas del siglo XIX, decía que «la salud no lo es todo, pero sin ella lo demás es nada».

El derecho a la salud por lo tanto, debe garantizar la atención sanitaria a todos por igual, sin distinción de sexo, edad, religión, orientación sexo-afectiva u otras características, estableciendo como principio la garantía de la dignidad humana.

Las medidas para garantizar el derecho van desde la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, la prevención y tratamiento de padecimientos endémicos y promover la alfabetización en salud, hasta satisfacer las necesidades de los grupos de más alto riesgo.

Para poder analizar el impacto del COVID-19 en el ejercicio del derecho a la salud, deben cubrirse las dimensiones de accesibilidad, disponibilidad y calidad, propuestas por el CONEVAL.

La primera dimensión de análisis, se ha visto vulnerada debido a que las comunidades con alto grado de rezago social, no cuentan con acceso físico a unidades médicas, y los programas de atención médica con unidades móviles también han abandonado su operación, por lo que tienen que trasladarse a otros municipios. En algunos lugares como la Ciudad de México, han optado por mecanismos como la telemedicina para garantizar el acceso a la atención en salud. Otro aspecto considerable es la accesibilidad económica, pues las unidades de atención privadas han aumentado sus costos para la atención, haciendo inaccesible el servicio y promoviendo el endeudamiento por miedo a la pérdida de un familiar.

En cuanto al acceso a la información, esta debería estar disponible, con números reales de contagios, defunciones y capacidad hospitalaria, sin ningún tipo de manipulación que afecte la imagen de los gobiernos. Los mensajes del presidente y del servidor público principal en la gestión de la pandemia, han sido inadecuados con aseveraciones sobre el control de la pandemia —domada y aplanada— y las muertes han superado por mucho las estimaciones proyectadas al inicio de la pandemia. Finalmente, se han levantado reportes de comunidades indígenas que mencionan no tener información sobre los cuidados sanitarios.

La segunda dimensión, la de disponibilidad, es de la que más cuestionamientos se han hecho a lo largo de estos meses, por la falta de insumos, equipamiento y personal médico suficiente, cuando al mismo tiempo se adquieren inmuebles con instalaciones deportivas. A pesar de que la disponibilidad de los servicios básicos asociados a la vivienda, juegan un papel fundamental para la protección de la salud, las peticiones por falta de agua para el saneamiento, la deficiencia de la recolección de residuos y la falta de luz en las regiones más pobres del país, han sido de forma intermitente.

La calidad se ha traducido más en el esfuerzo constante por el personal de salud, de hacer lo que pueden, con lo que tienen, y así, brindarles a los pacientes una atención oportuna que no ponga en riesgo su vida. El conocimiento científico ha sido de dominio público, aún, cuando ha sido cuestionado como el exhorto al no portar mascarilla, por falta de evidencia para prevenir el contagio, pero que hasta hace algunas semanas —con mensaje discreto—, se sugirió a la población su uso.

El modelo de atención en salud en México, se ha visto rebasado por el COVID-19, pues durante años ha predominado el enfoque curativo-asistencial y no aquel, que promueve la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. En suma, estas situaciones —y otras—, han contribuido a la percepción reduccionista de la población, sobre el pleno ejercicio de su derecho a la salud.

Wilbert Salvador Solís Concha

Maestro en Salud Pública por el Instituto de Salud Pública, Epidemiología y Desarrollo (ISPED), Universidad de Burdeos, Francia y Maestro en Promoción de la Salud y Desarrollo Social por la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Pública de Navarra, España (UPNA). Actualmente especialista en temas de salud pública, promoción de la salud, desarrollo social y políticas públicas.

Contacto: wilbertsolisconcha@gmail.com