Una mujer, madre de una menor de edad, solicitó la intervención urgente de las autoridades de Yucatán al advertir que enfrenta un riesgo inminente para su integridad y la de su hija, tras una escalada de amenazas, acoso e intimidaciones presuntamente cometidas por el progenitor de la menor, identificado con las siglas M.E.P.P.
De acuerdo con su testimonio, el pasado 13 de marzo de 2026, a las 03:49 horas, dos personas encapuchadas vandalizaron su domicilio, ubicado en la colonia Campestre, al arrancar cámaras de seguridad y dañar una de ellas con pintura en aerosol. Ese mismo día, la mujer interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, al considerar que el ataque constituye un mensaje directo de intimidación.
La denunciante señaló que este hecho se suma a una serie de conductas que, afirma, evidencian vigilancia y hostigamiento constante. Un mes antes del incidente, el señalado acudió a su domicilio para advertirle que posee información personal detallada, incluyendo su dirección, vehículo y el lugar donde estudia su hija. “Incluso ha mencionado que pasa con frecuencia por mi casa y permanece afuera del colegio”, declaró.
Desde principios de 2025, la mujer ha recibido múltiples mensajes con amenazas explícitas. Entre ellos, destaca uno fechado el 21 de febrero: “el mensaje es para ti o te dejas de chin… por las buenas o voy por ti y tu familia (…) te voy a cazar pen…”, así como otro del 8 de septiembre: “te estoy localizando (sic) porque ubicadas ya estan último mensaje”. La víctima asegura que los mensajes provienen de distintos números telefónicos.
La madre también informó que obtuvo en 2021 una resolución judicial por pensión alimenticia por un monto de 3,500 pesos mensuales, obligación que no ha sido cumplida.
Indicó que el señalado se encuentra inscrito en el registro de deudores alimentarios. Asimismo, denunció que familiares suyos han sido objeto de presiones por parte de abogados vinculados al caso, con el objetivo de que desistan de las acciones legales.
En su relato, la mujer describe un patrón de violencia psicológica sostenida durante los últimos diez años, que incluye amenazas, chantajes y conductas intimidatorias. Aseguró que su hija no ha mantenido convivencia con el progenitor, ni ha existido interés de su parte en asumir responsabilidades parentales.
Ante este contexto, la víctima solicitó la activación de protocolos de atención a la violencia de género y la implementación de medidas de protección permanentes, al señalar que la vigilancia policial otorgada previamente fue retirada tras un periodo de dos meses. Advirtió que teme por su vida y la de su hija ante la posibilidad de un ataque.
ACOM
