Estados Unidos; 26 de junio de 2022 (Excélsior).- Entre elevados gastos médicos y llamados a considerar otras opciones, una joven estadunidense vio obstaculizada la posibilidad de abortar en California. Pero con la ayuda de un colectivo feminista mexicano pudo interrumpir su embarazo.

«Supuestamente estamos en un país libre, en un estado donde puedes fumar marihuana, pero el aborto de alguna forma sigue siendo un tabú», dijo la mujer de 31 años a la AFP poco antes de que la Suprema Corte estadunidense fallase en contra del aborto.

La joven, que daba por descontado el sentido del fallo del viernes, considera que la prohibición se acentuará, si bien los gobernadores de California, Oregón y Washington anunciaron una iniciativa conjunta para garantizar el acceso al aborto.

El máximo tribunal derogó la sentencia Roe v. Wade de 1973, que garantizaba ese derecho, y ahora cada estado decidirá si autoriza la libre interrupción del embarazo en un país donde la mitad de las mujeres vive en territorios hostiles al aborto.

Pero incluso antes de la sentencia, acceder a un procedimiento seguro en Estados Unidos ya era «complicado si no tienes dinero», comenta vía telefónica la joven de ascendencia mexicana, empleada en un restaurante en San Diego y madre soltera de tres hijos.

«DESESPERADA»

Hace un par de meses acudió a una clínica de una congregación religiosa y a otra privada, pero en ambas la intervención le costaba casi mil dólares, que no podía pagar.

Las religiosas «no querían que abortara, me dijeron que había otras opciones, que podía darlo en adopción. Pero yo estaba decidida, desesperada, no podía mantener otro hijo», añade, al asegurar que se quedó embarazada porque fallaron los anticonceptivos.

Por una amiga supo de las Bloodys, oenegé de Tijuana (noroeste) que forma parte de una red transfronteriza dedicada a asistir gratuitamente a mujeres de Estados Unidos que no pueden acceder a un aborto.

«Me sorprendí que desde México me ayudaran, yo pensé que aquí éramos más liberales, que no iba a batallar. Allá fue todo muy rápido, no tardaron ni un día para decirme ‘aquí tienes la solución'», cuenta.

Le mandaron una combinación de medicamentos que actúan contrayendo el útero, método considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud (OMS), principalmente hasta las 12 semanas de gestación.

Además, «me dieron seguimiento (por mensajería instantánea), cualquier duda me respondían muy rápido. Fueron un apoyo siempre», añade.

Crystal Pérez Lira, integrante de Bloodys, explica que desde 2019 envían estos tratamientos a estados conservadores como Oklahoma, Texas o Georgia, y anticipa mayores solicitudes tras el fallo.

«Es muy desafortunado, un retroceso enorme, pero vamos a tener capacidad y voluntad» de apoyar, sostuvo la activista.