La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Controversia Constitucional 11/2025 promovida por el Ayuntamiento de Mérida contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de Yucatán. El Pleno confirmó la validez del artículo 46 de la Ley de Hacienda municipal, que contiene las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones.
El máximo tribunal señaló que las actualizaciones del impuesto predial deben justificarse en mesas de análisis entre el Congreso estatal y el Ayuntamiento, para que coincidan con criterios objetivos y equitativos. Con ello, busca que los ajustes no afecten de manera desproporcionada a la población.
En diciembre de 2024, diputados de Morena y partidos aliados aprobaron cambios a la Ley de Hacienda municipal. Con esa medida, se frenó un incremento en los valores catastrales y, por tanto, en el pago del impuesto predial. Según cálculos, más del 59 por ciento de los habitantes de Mérida habrían resentido el aumento.
La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada criticó la decisión y la calificó como política. Afirmó que el Congreso estatal recortó recursos necesarios para servicios básicos y programas sociales. “Eligieron castigar no sólo al Ayuntamiento, sino a cada ciudadano”, declaró en redes sociales.
La presidenta municipal advirtió que Mérida dispondrá de 100 millones de pesos menos en 2025 respecto al año anterior. También señaló que en 2026 las participaciones federales se reducirán aún más debido a la menor recaudación.
