El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán pidió al Gobierno del Estado dar marcha atrás a la propuesta de ajuste al Impuesto Sobre Nómina (ISN).
Advirtió que el incremento del 3% al 3.75% amenaza la generación de empleos, la inversión privada y la viabilidad de empresas en el estado.
La presidenta del organismo, Claudia González Góngora, urgió abrir una mesa de diálogo técnico antes de que el Congreso apruebe la reforma fiscal.
Con base en los 440,000 empleos formales existentes en Yucatán, calculados incluso al salario mínimo, la carga fiscal subiría de 3.7 millones de pesos diarios a 4.8 millones de pesos diarios en 2026.
El impacto en las finanzas de empresas por el impuesto ajustado
Esto representaría un incremento anual de 409 millones de pesos adicionales al año para las empresas.
La dirigente empresarial señaló que el sector se enteró de la propuesta «apenas unas horas antes» de su presentación al Congreso, sin mesas técnicas ni participación del Consejo Consultivo del Presupuesto.
«Este proceso que siempre había sido colaborativo en años recientes, esta vez se tomó de manera unilateral y sin diálogo constructivo previo», expresó González Góngora durante conferencia de prensa.
Las empresas medianas y grandes, que constituyen el 4% del padrón empresarial, pero generan el 66% del empleo formal estatal, serán las más afectadas por el incremento.
El impacto real sobre la recaudación del salario mínimo será del 40%, considerando el aumento salarial del 12% proyectado para 2026.
Los empresarios rechazaron la premisa gubernamental de que el 96% de las empresas no se verán afectadas.
«El impacto no se mide por número de empresas, el impacto se tiene que medir por número de empleos», subrayó González Góngora.
En cuanto a posibles despidos, el CCE reconoció que «empresas que estén en riesgo, que hoy ya están en una línea muy delgada, que han perdido competitividad» podrían verse afectadas.
González Góngora aclaró que no se trata de despedir inmediatamente, sino de advertir sobre el riesgo que enfrenta la supervivencia de Mipymes ante la desaceleración económica.
No hay ruptura con el Gobierno
La dirigente empresarial descartó una ruptura con el gobierno estatal que encabeza Joaquín Díaz Mena tras la polémica.
“Nosotros no somos oposición. Lo que estamos buscando hoy es alzar la voz en lo que vemos mal para la sustentabilidad y viabilidad de la vida de las empresas», afirmó.
El sector empresarial mantiene colaboración en proyectos estratégicos como el puerto de altura de Progreso, pero exige ser escuchado en materia fiscal.
Los empresarios hicieron un llamado a los diputados locales, donde Morena tiene mayoría, a analizar la iniciativa “con rigor, responsabilidad y sobre todo con visión de futuro».
González Góngora advirtió que, si se aprueba el impuesto, “al final del año estaremos platicando con finanzas posiblemente totalmente distintas a las que tiene el día de hoy el gobierno del Estado”.
La controversia surge apenas tres días después de que el CCE había logrado un acuerdo con los coordinadores de bancada del Congreso local para establecer un “piso fiscal» en 2026, comprometiéndose los diputados a votar en contra de cualquier incremento o creación de nuevos impuestos.
El impuesto sobre nómina ha permanecido en 3% durante varios años y la recaudación estatal pasó de 4,077 millones de pesos en 2019 a 7,530 millones de pesos en 2024, un aumento superior al 84%, según datos presentados por el propio CCE en reuniones previas con legisladores.
ACOM
