Mérida, Yucatán; 9 de septiembre de 2022 (ACOM).- Luego de que se diera a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad presentada en contra de la reforma a la Ley del Isstey, el presidente de la Junta de Gobierno del Legislativo, Víctor Hugo Lozano Poveda, lamentó que esta y otras iniciativas aprobadas estén siendo utilizadas como botín político, por lo que insistió en que es imperante que haya más construcción en favor del Estado.
«Nos vamos a mantener a la expectativa de la respuesta. No compartimos la visión de quienes sostienen que va a haber una cacería de brujas», señaló.
El legislador también criticó que se busque politizar iniciativas benéficas, como la ley 3 de 3 contra la violencia, sobre la cual, también, pesa una acción de inconstitucionalidad.
«El llamado, nuevamente, es a que trabajemos por Yucatán. A no establecer botines políticos en relación a cualquier tema, a estar metiendo acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes que benefician a la sociedad, como es la ley 3 de 3. Es inconcebible que hoy haya quien esté más preocupado por bombardear dicha ley que por fortalecer el marco jurídico», externó.
Por otro lado, también lamentó que se haya aprobado la adhesión de la Guardia Nacional al Ejército, en el Senado de la República, aunque dejó en claro que se estará pendiente de las disposiciones que comprende la iniciativa aprobada.
LEY 3 DE 3 SIGUE VIGENTE
La acción de inconstitucionalidad, presentada por la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Ley 3 de 3 sigue sin admitirse, por lo que se reconoció que este trámite podría tardar años.
Según la agrupación Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva de Yucatán (Amisy), la ley sigue vigente, pues tampoco se establecieron medidas cautelares para evitar que se aplique.
«Nuestra ley es ley y aplicable, en tanto la SCJN no emita un dictamen en contra. No hay ninguna suspensión declarada. Esto no significa que, en el próximo proceso electoral en Yucatán, no se aplique la ley 3 de 3», señaló María Eugenia Núñez Zapata, integrante de este grupo.
En conferencia de prensa, se remarcó que, incluso, la medida que busca evitar que deudores alimentarios y personas denunciadas por violencia lleguen a cargos de elección popular, ya ha sido retomada por otras entidades como Oaxaca, Sonora y Sinaloa.
De igual manera, se dio a conocer que legisladores federales avalaron la propuesta, que se encuentra vigente en Yucatán, según una carta enviada a Amisy por las comisiones de derechos de la niñez y adolescencia, así como de derechos humanos de la Cámara de Diputados.
Se mencionó que los legisladores refrendaron que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias es una conducta que se constituye como violencia económica por lo que urge a que se cumpla esta obligación.
«Se configura como un retroceso en materia de derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Preocupa que dicha acción ignore los acuerdos de la Convención sobre los derechos del niño», refirió Silvina Contreras, otra de las integrantes de Amisy.
La agrupación refrendó su confianza en que la Suprema Corte no aceptará la acción de inconstitucionalidad, con la ley seguirá vigente.
