México, 23 de noviembre de 2021 (El País). – El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado asunto de interés público y seguridad nacional las obras promovidas por el Gobierno mexicano. El Diario Oficial de la Federación publicó este lunes un acuerdo que blinda los proyectos cuya realización esté a cargo del Ejecutivo federal.

El texto hace referencia a las infraestructuras “de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

Las obras más emblemáticas impulsadas por el mandatario, que el próximo 2 de diciembre llegará al ecuador de su sexenio, son el Tren Maya, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, en el Estado de Tabasco.

El decreto, que no había sido anunciado y ha causado controversia en redes sociales, refuerza la protección de estas obras también en lo que concierne a la publicidad, los datos o la información relacionada con ellas.

Es decir, las solicitudes de trasparencia contempladas por la ley ya no serán como antes, ya que la Constitución establece abiertamente una excepción.

“Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional”, reza la ley fundamental. El texto concede, no obstante, que “en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.

Las consideraciones con la que se argumenta el decreto son de orden eminentemente político y social.

En primer lugar, el acuerdo publicado resalta que “México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas”.

En segundo lugar, señala que “los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente”.

Por último, el decreto da instrucciones a las dependencias y entidades de la Administración federal para “otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”.