Por Wilbert Salvador Solís Concha*

Mérida, Yucatán; 21 de diciembre de 2020.- Los efectos sistémicos y estructurales en materia económica derivados del COVID-19, han generado que los gobiernos implementen una serie de acciones enfocadas a reducir el impacto de la crisis.

Este escenario desafortunado, obliga a tomar decisiones en tiempo récord, pues se tienen que analizar, diseñar y estimar los posibles efectos de las políticas sanitarias y su interacción con la economía local. Para el análisis de las acciones de política económica implementadas en Yucatán, es necesario dividirlas en dos fases, unas previas y otras post reapertura económica. Esto debido a que enmarcaron la naturaleza de la respuesta que adopto administración pública estatal.

Previo a la apertura de los negocios, la administración pública emprendió una serie de medidas económicas a la par de las recomendaciones sanitarias,  las cuales se plasmaron en el Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los Yucatecos. Algunas de estas acciones estuvieron relacionadas con estímulos fiscales en forma de descuento o prórrogas para presentar declaraciones de impuestos, condonaciones del pago de agua y recolección de basura a los sectores con mayor grado de vulnerabilidad en el estado.

De igual manera, se pusieron en marcha programas de apoyos como trasferencias económicas a personas desempleadas, créditos a hoteles, restaurantes, mujeres, empresas micro, pequeñas y medianas, productores del campo, pescadores, artesanos y jóvenes emprendedores, así como apoyos alimentarios en forma de despensa en zonas marginadas. Todo lo anterior, de forma simultánea con las recomendaciones sanitarias para evitar brotes de contagio, las cuales iban desde el resguardo domiciliario, hasta el cierre de negocios no esenciales y la cancelación de eventos masivos.

Por su parte, en el marco de la apertura de los negocios durante la reactivación económica en Yucatán, las respuestas del gobierno tendrían el objetivo promover las medidas que permitieran la reducción del contagio y la propagación del virus, y así evitar la saturación hospitalaria, lo cual obligaría nuevamente a un confinamiento que tendría un impacto aún mayor en la economía.

Es así como fueron diseñados e implementados protocolos específicos por sector económico para la protección a la salud, los cuales entrarían en vigor conforme una serie de “olas” escalonadas y programadas para una reactivación económica segura.

A través de una plataforma digital las empresas tuvieron que registrarse y aceptar la observancia obligatoria sobre las restricciones y medidas de higiene aplicables al tipo de actividad económica que pertenecieran y otorgar un consentimiento para la verificación física de los establecimientos, los cuales consistían en una  serie de visitas para constatar el cumplimiento de los protocolos sanitarios estipulados por el gobierno local.

Por otro lado, se implementó un plan de mejora en la movilidad urbana en el centro de la capital yucateca, con acciones que van desde la ampliación de banquetas, puntos de entrega de gel y detección de síntomas, mejora de cruceros, señalética para filas en los comercios y un circuito exclusivo para el transporte público.

Lo anterior con la finalidad de reducir los tiempos de exposición de las personas a posibles focos de contagio durante su traslado a sus centros de trabajo o la adquisición de bienes y servicios en el primer cuadro de la ciudad de Mérida. Así también, se postergaron los pagos para el reemplacamiento de vehículos registrados en la entidad, con la finalidad de que las personas permanezcan en sus hogares y así evitar posibles contagios por coronavirus de forma innecesaria. 

Durante las verificaciones sanitarias para la reactivación económica, se han clausurado establecimientos debido a que se ha identificado un incumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria por parte de los prestadores de servicio y también por parte de los contratantes, lo cual ha tenido como resultado clausuras, multas e inclusive suspensión de actividades de forma generalizada, tal es el caso de los negocios enfocados a los eventos sociales y de esparcimiento.

Sin embargo, los ciudadanos tendremos que hacernos algunos cuestionamientos. ¿Los apoyos han sido distribuidos de forma eficiente? O no han contemplado en su diseño los mecanismos de control necesarios para la identificación de la población objetivo, criterios específicos de selección y padrones de beneficiarios necesarios para el uso eficiente del recurso público, la trasparencia y la rendición de cuentas.

Por otro lado, ¿Las decisiones han considerado a los grupos sociales más desfavorecidos? O se han quedado excluidos algunos de las decisiones gubernamentales, como es el caso de los vendedores ambulantes que han tenido que suspender sus actividades sin el apoyo para desempeñar sus actividades económicas de forma segura.

Finalmente, ¿serán todas estas decisiones un impulso a la economía o un conjunto de decisiones para “salir del paso”?

Sin duda estos tiempos tan complicados para todos, nos deben orillar a llevar a cabo reflexiones mucho más profundas sobre la actuación de los gobernantes y más allá de las News Feed del Facebook.  

Wilbert Salvador Solís Concha

Maestro en Salud Pública por el Instituto de Salud Pública, Epidemiología y Desarrollo (ISPED), Universidad de Burdeos, Francia y Maestro en Promoción de la Salud y Desarrollo Social por la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Pública de Navarra, España (UPNA). Actualmente especialista en temas de salud pública, promoción de la salud, desarrollo social y políticas públicas.