Mérida, Yucatán; 15 de enero de 2020 (ACOM).- El sector privado de Yucatán señaló que la cancelación del impuesto de seguridad que anunció el gobernador del estado pone en un predicamento las finanzas estatales porque deberá ajustar aún más sus finanzas y tendrá que buscar 250 millones de pesos que era la meta de este gravamen.

Los presidentes de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Mérida (Canaco-Servytur) Michel Salum Francis y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Alberto Abraham Xacur, dieron sus puntos de vista sobre la afectación y condiciones que representará para el estado el anuncio realizado por el gobernador del estado.

La Cámara Mexicana de la Industria de Construcción (CMIC), a través de su presidente Raúl Aguilar Baqueiro pidió al Ejecutivo Estatal un mayor esfuerzo en la canalización de recursos federales al estado ante la necesidad de reforzar la seguridad.

Michel Salum, de Canaco Mérida, opinó que para soportar esta situación, las autoridades deberán realizar nuevas adecuaciones a su presupuesto, lo que repercutirá sobre los servicios que ofrece el estado.

Por ello pidió presionar aún más a la federación a que responda y aporte los recursos que requiere el estado y, con ello, poder darle los servicios y necesidades que está demandando el crecimiento y la infraestructura que se requiere para las y los yucatecos.

Anticipó que el estado tendrá que dejar de comprar cosas, surtir departamentos, dejar o postergar el mantenimiento de oficinas, escuelas, patrullas y personal, por ello, la ciudadanía debe de estar consciente del alcance de este nuevo ajuste que realizará la autoridad.

“Nadie quiere pagar más impuestos, pero la seguridad es uno de los principales activos que tiene Yucatán, espero que este problema no repercuta en una reducción en la confianza de los inversionistas y dejen de llegar inversiones y empresas al estado”, expresó.

Por su parte, el dirigente empresarial de Canacintra, Alberto Abraham Xacur, señaló que la falta de recursos por la cancelación de este impuesto tendrá repercusiones en las finanzas del estado.

“El gobierno del estado tendrá que buscar la manera de obtener los recursos que dejará de ingresar al no poder cobrar el derecho a la infraestructura de seguridad”, dijo.

Señaló que el gobierno federal deberá contribuir mediante fondos a la infraestructura de seguridad ya que son ellos ahora los que evitan que los ciudadanos contribuyan en ese rubro al no permitir que se cobre el derecho a través del recibo de luz.

El Presidente de la CMIC y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Aguilar Baqueiro pidió al Ejecutivo Estatal un mayor esfuerzo en la canalización de recursos federales al estado ante la necesidad de reforzar la seguridad.

Recordó que el 2019 fue el año más violento para el país, con cifras alarmantes en delitos dolosos, homicidios, secuestros y robos, según cifras emitidas por el gobierno federal, por lo que, garantizar la seguridad de los habitantes del estado es un tema que no puede ni debe considerarse menor.

“Por este motivo pedimos al gobierno del estado que siga buscando estrategias y opciones de eficiencia administrativa y recaudatoria a fin de tener herramientas para no descuidar la seguridad de las familias yucatecas”, dijo el dirigente empresarial.