En una reciente entrevista, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Miguel Oscar Sabido Santana, reconoció la existencia de conductas y actos discriminatorios en la entidad desde hace varios años. Lamentablemente, Yucatán ha sido catalogado como el estado con el mayor índice de discriminación en todo el país, a pesar de los esfuerzos por abordar esta problemática a nivel social.
La preocupación surge a raíz de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, realizada por el INEGI en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Según los datos obtenidos, el 32.1% de la población de 18 años y más en Yucatán declaró haber sido discriminada en los últimos 12 meses, superando a entidades como Puebla y Querétaro.
Sabido Santana hizo referencia a una encuesta realizada por la Codhey en 2014, la cual reveló la existencia de conductas discriminatorias en el estado, especialmente hacia los pueblos originarios, personas con cierta complexión, forma de vestir, aquellos privados de su libertad, personas en situación económica vulnerable y aquellos con preferencias sexuales distintas.
El presidente de la Codhey destacó la necesidad de abordar este problema de manera conjunta con otras instancias, y señaló que es importante revisar detenidamente el informe para desarrollar estrategias efectivas. Entre los puntos que requieren especial atención, mencionó la discriminación hacia las personas provenientes de otros lugares, que continúa siendo un estigma persistente en la sociedad y que debe ser abordado de manera urgente.
La Codhey ha implementado diversas estrategias de capacitación dirigidas tanto a la población como a los funcionarios públicos con el objetivo de prevenir la discriminación. Sin embargo, Sabido Santana reconoció la necesidad de reforzar las medidas existentes para garantizar que este tipo de conductas no se mantengan arraigadas en la sociedad.
Ante el desafío de combatir la discriminación en Yucatán, resulta fundamental el trabajo conjunto entre las autoridades, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad en general. La erradicación de estas conductas discriminatorias permitirá avanzar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos de todas las personas.
