La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió las operaciones del booster de gas natural del proyecto Energía Mayakán, ubicado en Umán, Yucatán, tras recibir una denuncia formal bajo el folio 3104711, presentada por el colectivo X Un Yucatán con Energía Segura en representación de vecinos del fraccionamiento Gran Calzada.
El organismo federal informó que la medida se adoptó luego de que los denunciantes advirtieron riesgos a la salud, la vivienda y el medio ambiente, al señalar que la estación de compresión opera sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
En consecuencia, Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) iniciaron una verificación ambiental para determinar si la instalación cumple con la legislación vigente.
Paralelamente, la jueza federal Mercedes del Sol Hernández Cetina, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, ordenó la suspensión provisional de la instalación y funcionamiento del booster mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por los colonos.
Los vecinos acusan a la empresa y a las autoridades municipales de no haberlos informado sobre la construcción de la estación junto a sus viviendas y exigen su reubicación.
Mayakán, clave para el gas natural
El proyecto Energía Mayakán, operado por la empresa Engie México, busca duplicar la capacidad de transporte de gas natural hacia la Península de Yucatán, pasando de 250 a 567 millones de pies cúbicos diarios, con una inversión estimada en 2 000 millones de dólares.
Su ampliación contempla más de 700 kilómetros de ductos y tres nuevas estaciones de compresión y medición, con conclusión prevista para 2027.
La estación suspendida forma parte de esa expansión, diseñada para mejorar el suministro energético de la región y reducir costos para la generación eléctrica e industrial.
Sin embargo, los habitantes de Umán mantienen su exigencia de transparencia y consulta pública, al considerar que el proyecto se ejecuta sin información clara sobre los riesgos ambientales y sociales.
La suspensión judicial y administrativa permanecerá vigente mientras las autoridades ambientales revisan la legalidad del proyecto y el juzgado resuelve el amparo, en un caso que reabre el debate sobre el equilibrio entre desarrollo energético y derechos de las comunidades en Yucatán.
ACOM
