Mérida, Yucatán, 27 de agosto de 2020.- El presidente Alejandro Cuevas Mena (PRD) de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, solicitó la elaboración del dictamen con una nueva terna para el cargo de Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP), toda vez que en la anterior, ninguna aspirante obtuvo los votos requeridos por la ley, durante el Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones de la LXII Legislatura, el pasado 10 de julio del año en curso.

De la misma manera, Cuevas Mena informó que se retiró de esta contienda la ciudadana Graciela Torres Garma, al ser designada consejera de la Judicatura del Poder Judicial de Yucatán, en fecha reciente.

En el mismo sentido, también solicitó la elaboración de una nueva convocatoria para la designación de dos Consejeros Consultivos del INAIP, ya que no se inscribió propuesta alguna en la anterior que fue aprobada por el Pleno de las diputadas y los diputados, el pasado 31 de mayo.

En otros temas, continuó el análisis de la tercera entrega de los informes individuales, correspondientes a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2019, para lo cual, el titular de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASEY), Jonathan García Ramírez, presentó un informe ejecutivo, en el cual, especificó que se realizaron 211 revisiones a entes públicos, 9 auditorías sin observaciones y 15 entidades no recibieron recursos, por lo que estas últimas, no generaron un informe individual.

García Ramírez también detalló que derivado de las revisiones de la ASEY, en el caso de los municipios, se registraron 1,399 observaciones, de las cuales 836 no fueron solventadas, 385 se solventaron parcialmente y 178 en su totalidad, de las que no fueron resueltas o solo ciertas partes, se cuantificó un monto probable por $251,859.4.

Además, agregó que se identificaron mayores irregularidades en los rubros de registro e información financiera de las operaciones; servicios personales; transparencia del ejercicio y destino de los recursos; así como en transferencia de recursos.

En el caso de las entidades, explicó que se presentaron 201 observaciones, de las cuales 37 fueron solventadas, 79 no fueron solventadas y 85 fueron solventadas parcialmente, de las que no fueron resueltas o solo ciertas partes, se cuantificó un monto estimado de $10,568.7.

En este apartado, mencionó que las mayores irregularidades se presentaron en los rubros de adquisiciones, arrendamientos y servicios; control interno; cumplimiento de la Ley General Gubernamental; bienes e inmuebles; así como servicios personales.

En el tema de organismos públicos descentralizados, señaló que se registraron 97 observaciones, 39 no fueron solventadas, 28 parcialmente y 30 en su totalidad, de las que no fueron resueltas o solo ciertas partes, se cuantificó un monto estimado de $3,495.1.

Añadió, que los rubros donde se presentaron mayores irregularidades fueron registro e información financiera de las operaciones; servicios personales; control interno; cumplimiento de la Ley General Gubernamental; transferencia de recursos; así como el cumplimiento de la Ley de Ingresos.

Ante este tema, la diputada, Milagros Romero Bastarrachea (Movimiento Ciudadano), lamentó que existan observaciones sin resolver en los rubros mencionados, por lo que propuso buscar mecanismos, no tanto para sancionar, sino para erradicar las malas prácticas y contar con reglamentos más claros.