Mérida, Yucatán, 17 de julio de 2020 (ACOM).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) se pronunció sobre las nuevas medidas impuestas por el gobernador Mauricio Vila Dosal para reducir la movilidad vial ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 y pidió que cualquier restricción que se determine no violente las garantías de los ciudadanos.

 En un comunicado, el órgano resumió su posicionamiento en seis puntos:

  1. Todas las autoridades debemos dar respuesta puntal a las demandas del momento histórico pero apegado al respeto de la ley, al respeto por los derechos humanos y sus garantías de protección.
  2. Reconocemos que es un momento crítico para la vida nacional y para nuestra entidad, en donde percibimos una desesperanza social, en la que es urgente que la sociedad demuestra el grado en que ha interiorizado normas públicas, así como el respeto de los derechos fundamentales para sí y para los demás.
  3. Los poderes públicos e instituciones han tenido que actuar de manera oportuna, objetiva y proporcional a las necesidades que ha producido el avance de este virus en la vida colectiva y privada de la ciudadanía; pues si bien se entiende que hay efectos puntales y marcados en todos los sectores productivos de la entidad, es momento de ponderar la vida y la salud como derechos inalienables de todas personas en el Estado, garantizando su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad adecuadas y en medida de las circunstancias generadas por esta pandemia.
  4. Es imprescindible una colaboración y acompañamiento de todas las autoridades públicas. Es urgente fomentar una cultura de los derechos humanos la cual exige de la conjunción necesaria entre autoridades de todos los órdenes gubernamentales con la sociedad en general, pues de otro modo las incidencias continuarán en incremento y se tendrán que adoptar otras medidas más estrictas a fin de proteger la salud y la vida.
  5. El actuar de una política estatal dictada para preservar la salud y la vida, debe ser entendida, dentro del irrestricto respeto a la división de poderes y competencias, como un instrumento que en este momento decide contener y disminuir la movilidad estatal no derivada de emergencias; es decir, que los traslados vehiculares hospitalarios o situaciones emergentes que se susciten durante esta pandemia no se verán afectados y por el contrario, mantendrán sus actividades para garantizar y preservar la salud y la vida pública.
  6. No obstante, las medidas impuestas no deben buscar la sanción en sí misma sino garantizar los derechos humanos, por lo que la aplicación de las mismas, deben considerar criterios debidamente justificados a pesar de no estar previstos en el decreto emitido por el Poder Ejecutivo del Estado pero, sobre todo, impere el uso de la razón y el respeto a los derechos humanos, evitando cualquier conducta arbitraria o genere un abuso del poder.

La Codhey también consideró que “debemos considerar que, de no prever en la propia ley, ni en las disposiciones sanitarias, los mecanismos eficaces para cuidarnos serían todavía más graves que la propia enfermedad, pues se dejaría de cumplir con las finalidades de vivir en un Estado de Derecho, es decir, procurar los derechos humanos de todas y todos”.

“Es momento de fomentar la paz, la armonía, la tolerancia y centrarnos en la lucha juntos contra el virus SARS-Cov2 (COVID-19), porque todos somos parte de la solución”, dijo el organismo autónomo.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán advirtió que en todo momento estará pendiente de atender a cualquier persona que considere que sus derechos se encuentran vulnerados para realizar las acciones pertinentes.