En medio de aplausos y con el respaldo de una inusual alianza multipartidista que incluyó a Morena, PT, PVEM, PRI y Movimiento Ciudadano, el Congreso de Yucatán aprobó la iniciativa del gobernador Joaquín Díaz Mena para reformar la Ley del ISSTEY, dejando al PAN como el único partido que votó en contra.
La sesión, que inició a la 1:35 de la tarde y concluyó a las 2:59 pm en un ambiente de alta expectativa, registró 24 votos a favor de la reforma y 11 en contra, todos provenientes de la bancada panista.
La diputada Itzel Falla Uribe justificó su inasistencia, lo que consolidó la mayoría calificada necesaria para modificar el ordenamiento.
Se reforma una ley promovida por Mauricio Vila
En la llamada “Ley Vila” de 2022 se establecían condiciones más restrictivas para los trabajadores del estado: la jubilación sólo era posible a los 65 años y tras 35 años de cotización, sin distinción entre hombres y mujeres.
Además, las pensiones se calculaban con base en un “salario regulador”, equivalente al promedio de los últimos 20 años de aportaciones, lo que reducía su monto real.
También incrementó las cuotas laborales hasta el 15% y al instituto se le cuestionó su falta de transparencia y manejo discrecional de recursos.
La nueva reforma aprobada revierte esas medidas al reducir la edad de jubilación a 55 años con 15 de servicio y fijar los años de cotización en 30 para hombres y 28 para mujeres.
Las pensiones ahora se calculan con el salario promedio de los dos últimos años, se congelan las cuotas en 11% hasta 2030 y se blindan las reservas del ISSTEY.
Con estos cambios, el gobierno estatal busca garantizar justicia social, sostenibilidad y certeza laboral para más de 42 mil trabajadores yucatecos.
Sesión hasta el tope
La sala de sesiones del Congreso estaba abarrotada con más de 160 personas —su capacidad máxima de aforo—, mientras afuera decenas de ciudadanos que no pudieron ingresar al recinto siguieron el debate a través de aparatos de sonido instalados especialmente para la ocasión.
El líder de la bancada de Morena, Wilmer Monforte Marfil, defendió la iniciativa con señalamientos duros hacia la administración anterior. Monforte afirmó que el ISSTEY se había convertido en «la caja chica del Gobierno del Estado” y denunció que los recursos se mal utilizaban al comprar «camionetas blindadas que en nada beneficiaban a los trabajadores”.
En su discurso, el legislador morenista argumentó que la reforma busca «corregir inequidades» y adaptarse a la realidad financiera del instituto.
Por su parte, el diputado panista Roger Torres salió en defensa de la ley vigente y rebatió los argumentos sobre la inexistencia de recursos en el ISSTEY.
Torres detalló las cifras exactas que dejó la administración anterior, utilizando calificativos para describir la reforma propuesta por el Ejecutivo estatal.
El legislador de Acción Nacional cuestionó la legitimidad de modificar una normativa que contaba con el respaldo de la Suprema Corte y advirtió sobre las consecuencias que esta decisión podría tener para los derechos laborales de miles de trabajadores.
El PRI a favor, pero con cuestionamientos
El diputado priista Gaspar Quintal Parra manifestó un respaldo a la reforma al advertir que el dictamen “no garantiza plenamente el principio de justicia social ni restituye de manera integral los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado»”.
Lamentó que el Congreso no incluyó las propuestas presentadas por diversos sindicatos durante el Parlamento Abierto, como la eliminación de la desigualdad en el incremento anual de las pensiones planteada, el reconocimiento de años de servicio de trabajadores del Colegio de Bachilleres y la reincorporación de la reserva de derechos de aportaciones para cesantía.
El legislador priista criticó que el dictamen no contempla propuestas de su partido como la reducción de la cuota de aportación de los trabajadores al 8% en lugar del congelamiento temporal al 11% hasta 2030
Y advirtió que “de forma más lamentable” la reforma entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2026, perpetuando inequidades que contribuyen “a la desconfianza hacia las instituciones encargadas de administrar la seguridad social».
En el momento en que se anunció la aprobación de la reforma, los líderes de diversos sindicatos de burócratas presentes en la sala rompieron en aplausos.
ACOM
