Mérida, Yucatán; 27 de septiembre de 201 (ACOM).- A casi un año de que se destapara en medios locales y nacionales un caso de extorsión de Emmanuel Morales Briceño, entonces coordinador del Programa de Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social, a dueñas de ese tipo de negocios, fue sentenciado a 4 años de cárcel y al pago de una multa, por parte de un juzgado federal que llevó su caso.

A pesar de lo hermético del caso se pudo conocer que la Fiscalía General de la República (FGR ) logró la condena Morales Briceño, quien además fue inhabilitado, sin embargo el sentenciado purga su condena en libertad gracias a los beneficios que la ley otorga.

El ex funcionario federal fue arrestado en septiembre del 2018 por elementos de la entonces Procuraduría General de la República, hoy FGR, para después ser puesto ante un juez de control quien lo vinculó a proceso días más tarde e incluso de inicio se le dictaminó prisión preventiva oficiosa

Según la carpeta de investigación el hoy sentenciado fue arrestado luego de una serie de denuncias realizadas por dueñas de las estancias infantiles a quienes les pedía dinero a cambio de no realizar reportes negativos que impidieran el funcionamiento de ese tipo de negocios.

Investigaciones realizadas por el Ministerio Público de la Federación integradas en la causa penal 9/2018 se sabe que al menos obtuvo más de 145 mil pesos producto de diferentes extorsiones que realizó a las ciudadanas de iniciales V.LS.H y C.U.L.

La detención del funcionario fue dada a conocer durante septiembre del año pasado.

La FGR logró comprobar ante un juez federal que Morales Briceño extorsionaba desde 2017, pues en su calidad de servidor público, amenazaba y exigía dinero a fin de otorgar permiso para que operaran en la entidad.

Luego de un año de indagatorias, el sentenciado se acogió al beneficio de un procedimiento abreviado, el cual consiste en aceptar la culpabilidad de las imputaciones en su contra a cambio de una sentencia menor.

Cabe señalar que con el pretexto de actos de corrupción el gobierno federal cambió las reglas de operación para a entrega de recursos a las estancias infantiles a nivel nacional, lo que h generado una oleada de amparos por parte de los y las prestadoras de ese servicio.