El tráfico de documentos del Registro Civil del Estado de Yucatán, de acuerdo con varias fuentes consultadas, data de por lo menos 16 años, revelando una red de corrupción que ha facilitado la emisión de actas de nacimiento falsificadas principalmente a ciudadanos centroamericanos.
Las actas de nacimiento falsificadas habrían permitido a sus beneficiarios obtener otros documentos oficiales como credenciales de elector, pasaportes o números de seguridad social, facilitando su permanencia irregular en México o su tránsito hacia Estados Unidos.
La investigación preliminar sugiere la participación directa de empleados tanto de la Consejería Jurídica como del Registro Civil, quienes habrían facilitado la documentación oficial necesaria para la emisión de las actas falsificadas. Las autoridades no han revelado el número exacto de personas implicadas ni cuántas actas falsas podrían haberse emitido durante este período.
La Consejería Jurídica y la Dirección del Registro Civil confirmaron que se encuentra en curso una investigación sobre este esquema de falsificación, tras presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con las fuentes consultadas, que solicitaron el anonimato por no estar autorizadas a hablar del caso, la red de falsificación habría operado ininterrumpidamente durante los últimos tres sexenios estatales, aprovechando cambios administrativos y la falta de controles rigurosos en la emisión de documentos oficiales.
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“Es un secreto a voces que existe un mercado negro de documentos oficiales en la península”, comentó un ex funcionario del Registro Civil.
“La ubicación estratégica de Yucatán como puerto de entrada para migrantes centroamericanos ha creado una demanda constante de documentación mexicana”, añadió.
De ser así, el negocio comenzó en 2009 cuando gobernaba Ivonne Ortega Pacheco y el PRI.
