El condominio «Agua Azul» representa un caso emblemático de irregularidades desde su construcción, su administración y términos legales que afectan a propietarios legítimos que desembolsaron entre 2 y 4 millones de pesos por cada departamento en este desarrollo ubicado en Chicxulub Puerto.
Los afectados piden al alcalde de Progreso, Erik Rihani González, que intervenga de manera inmediata para aplicar la ley y resolver un problema que se gestó durante la anterior administración municipal de Julián Zacarías.
Los condóminos, respaldados por documentación oficial, responsabilizan a la desarrolladora Rossana Guadalupe Acosta Abimerhi de iniciar un proyecto que excedió sistemáticamente los permisos otorgados desde 2019, generando un entramado de construcciones ilegales que ponen en riesgo tanto la seguridad estructural como el patrimonio de las familias involucradas.
El desarrollo, que debería contar únicamente con seis departamentos según la licencia de construcción LC0/141/19, actualmente opera con siete unidades más un penthouse completamente ilegal.
Construyen más de lo permitido
El condominio «Agua Azul» se ubica en el Tabalaje 1095 de Chicxulub Puerto, a 150 metros de la playa y cerca del kilómetro 13.2 de la carretera. El proyecto, construido en un terreno de 400 metros cuadrados, fue autorizado originalmente para 550.82 metros cuadrados de construcción, pero los registros catastrales de mayo 2021 revelan que se edificaron 631.76 metros cuadrados, es decir, más de 80 metros cuadrados adicionales sin permisos.
Las irregularidades documentadas incluyen la construcción de un penthouse de triple altura en la azotea, área que por ley debe ser de uso común, así como la conversión irregular de una pérgola de 63.15 metros cuadrados autorizada en un séptimo departamento. Los documentos oficiales demuestran que las escrituras presentan medidas y colindancias incorrectas, mientras que el régimen condominal fue otorgado sin contar con la terminación de obra requerida por ley.
La situación se agrava por fallas estructurales que comprometen la seguridad de los residentes. El área de nado colapsó debido a cálculos estructurales deficientes, generando filtraciones severas hacia los departamentos inferiores, mientras que los soportes del edificio muestran signos de vencimiento. Además, la infraestructura eléctrica solo tiene capacidad para seis departamentos, no para las siete unidades actualmente en operación.
Llama la atención que los registros de los “supuestos” biodigestores ni siquiera están bien hecho y todo se va al subsuelo. Esto derivaría en otro tipo de demanda ambiental, pues están contaminando el manto freático.
Millonario fraude inmobiliario impune
Los antecedentes exhiben un patrón de fraudes masivos donde algunos departamentos fueron vendidos varias veces, generando pérdidas estimadas en casi 20 millones de pesos. Un caso documentado involucra a R.Y.C. que fue defraudada en la compra de tres departamentos, cuya denuncia fue presentada el 13 de mayo del 2022. Actualmente existen quejas formales ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Progreso, así como denuncias ante la PROFEPA por violaciones ambientales, pero aún ninguna autoridad ha actuado.
Los propietarios afectados exigen que las autoridades municipales actuales no permitan que la corrupción y los «moches» continúen protegiendo estas irregularidades. Demandan la clausura inmediata de las construcciones ilegales, la aplicación de sanciones correspondientes y la protección de sus derechos como compradores de buena fe que invirtieron sus ahorros en lo que consideraban un desarrollo inmobiliario legítimo en la costa yucateca.
ACOM
