Yucatán enfrenta al menos siete conflictos ejidales activos que afectan miles de hectáreas y alcanzan a centenares de familias mayas en varios municipios del estado. El caso más reciente estalló en Becanchén, donde campesinos denunciaron esta semana la invasión de más de mil hectáreas con apoyo de maquinaria y personas armadas.
Ante esta escalada, el Gobierno del Estado fijó postura durante su transmisión semanal en Facebook. La administración estatal sostuvo que en Yucatán prevalece el Estado de Derecho y señaló que ambas partes reclaman la propiedad del predio, por lo que asumió un papel de mediador y no de árbitro.
Ese enfoque no es nuevo. En Sierra Papacal, donde otro conflicto permanece abierto desde febrero, el gobierno estatal también rechazó las denuncias ejidales al argumentar que las indemnizaciones por 223 hectáreas ya habían sido cubiertas desde 1993.
En Becanchén, comisaría de Tekax, ejidatarios denunciaron que el miércoles por la noche ingresaron personas con maquinaria pesada para deslindar y desmontar más de mil hectáreas de manera presuntamente fraudulenta. Los campesinos acusaron la participación de inmobiliarias y la complicidad de dependencias gubernamentales.
El comisario ejidal, Gregorio Chan Tuz, relató que la comunidad enfrentó sola a sujetos encapuchados, acompañados de perros y armas, para defender sus tierras. Después de las denuncias, personal de Profepa y agentes de la PEI clausuraron maquinaria usada para desmontar una zona considerada de conservación.
Las autoridades convocaron para este martes al mediodía una segunda mesa de diálogo entre las partes. Mientras tanto, la tensión en la comunidad sigue creciendo.
Sierra Papacal y Kinchil agravan la disputa por la tierra
En Sierra Papacal, comisaría de Mérida, el conflicto tomó otra dimensión. En este caso, la parte que ocupa la tierra no es una inmobiliaria, sino el Estado federal.
Un grupo de 207 ejidatarios denunció el abandono del Gobierno del Estado y acusó al Gobierno Federal y al Ejército Mexicano de invadir 223 hectáreas para construir el tramo de carga del Tren Maya que conectará Umán con el puerto de Progreso. Como medida de presión, los ejidatarios bloquearon las obras en febrero de 2026.
Además, cerraron 10 pozos de agua potable que abastecen a las comisarías de Chuburná y Chelem, así como a la zona industrial de Yucalpetén. En abril, el grupo reactivó el bloqueo.
El Gobierno del Estado respondió que las indemnizaciones derivadas de la expropiación se cubrieron en 1993 y aseguró que al menos 128 beneficiarios recibieron pago. También calificó las protestas como infundadas. Los ejidatarios rechazaron esa versión y exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum el pago total.
En Kinchil, el conflicto también escaló con fuerza. El ejido cuenta con un estimado de 28 mil hectáreas, y grupos empresariales aseguran tener derechos sobre 5 mil hectáreas de tierras de uso común para impulsar al menos 10 desarrollos habitacionales y centros de diversión.
En febrero de 2026, ejidatarios bloquearon una asamblea que pretendía convertir al ejido en una sociedad inmobiliaria. Después, la Profepa clausuró una obra en la zona de Tzemé por la deforestación de más de mil 300 hectáreas.
Sin embargo, trabajadores de la empresa Crío continuaron operando pese a los sellos de clausura. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso.
Ixil, Chablekal y Telchaquillo mantienen frentes abiertos
En Ixil, un conflicto por 324 hectáreas detonó hechos violentos en agosto de 2023. Ese mes, pobladores se enfrentaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que ejecutaban un aseguramiento ministerial.
La disputa no terminó ahí. El municipio enfrenta ahora la amenaza de perder otras 5 mil 200 hectáreas por el avance de inmobiliarias vinculadas a las familias Abimerhi y Millet. El caso ya llegó tanto a la Suprema Corte como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En Chablekal, comisaría al norte de Mérida, el conflicto arrastra más de una década. El padrón ejidal ronda los 300 ejidatarios y, desde el año 2000, distintos actores han realizado más de 17 operaciones de cambio de destino de suelo.
Esas decisiones provocaron la pérdida del 67 por ciento de las tierras ejidales. Frente a ello, la Unión de Pobladores pidió preservar 300 hectáreas del monte Misnebalam como reserva natural.
En marzo de 2026, el conflicto derivó en agresiones físicas y en nuevas denuncias de despojo. La disputa permanece abierta.
En la zona arqueológica de Mayapán, el pueblo de la comisaría de Telchaquillo mantiene desde hace dos años una lucha por tierras que, según denuncian, nunca aceptó vender. El INAH tomó control de esos terrenos desde 1951.
En Telchaquillo hay 286 ejidatarios. Además, el sitio arqueológico permanece cerrado desde noviembre de 2023, lo que ha generado afectaciones económicas continuas para comerciantes, guías y artesanos de las comunidades cercanas.
Un tribunal federal ya frenó al INAH mediante una medida cautelar. A la fecha, el amparo 474/2025 sigue en proceso.
Chichén Itzá refleja una disputa que rebasa al campo
En Chichén Itzá, el conflicto más reciente surgió a partir de la apertura del Centro de Atención a Turistas y Visitantes (CATVI). La nueva dinámica reordenó el acceso comercial a la zona arqueológica más visitada del país.
Tras la apertura del CATVI en marzo de 2026, más de 2 mil artesanos, de los cuales unos 600 tienen titularidad reconocida, y al menos 121 guías quedaron fuera. Ante esta situación, comunidades mayas cercanas anunciaron protestas y exigieron mayor participación en la administración del sitio.
Los siete conflictos activos exhiben un problema de fondo que también reflejan los datos agrarios. En Yucatán existen 737 ejidos y una superficie en conflicto superior a 792 mil 670 hectáreas que aún no logra regularizarse.
La tierra dejó de ser únicamente patrimonio rural. Hoy se convirtió en uno de los activos más disputados del sureste, mientras la expansión inmobiliaria, los proyectos agroindustriales, el Tren Maya y el turismo masivo revalorizan cada tramo del suelo ejidal.
