La radiografía estadística de las mujeres en Yucatán en este 8 de marzo confirma una paradoja: el estado presume ser uno de los más seguros del país —ocho de cada 10 habitantes se sienten así-, pero más del 90% de las mujeres declara haber sufrido acoso en espacios públicos y alrededor de 40 mujeres al día reciben atención médica por lesiones asociadas a violencia. A esa contradicción se suman las brechas en empleo, ingreso, carga de trabajo no remunerado y acceso a la justicia.
Por ejemplo, las mujeres yucatecas viven más que los hombres —su esperanza de vida alcanzó un máximo histórico de 78.3 años, seis más que sus pares masculinos—, pero esa longevidad convive con una realidad marcada por la violencia: en 2025 se registraron más de 7,100 mujeres víctimas de algún delito, fue el año con más feminicidios desde que se tipificó el delito en 2012 y la brecha salarial real puede superar el 21%, según datos del SESNSP, el INEGI y el IMCO.
Noveno lugar en violencias
La última ENDIREH disponible, la de 2021 —la próxima edición será la de 2026, aún en preparación por el INEGI—, ya colocaba a Yucatán en el noveno lugar nacional en prevalencia de violencia contra las mujeres, con 71.4%, por encima del promedio de 70.1%.
Pero los registros operativos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que la situación se agravó: entre enero y septiembre de 2025 se contabilizaron casi 1,300 llamadas al 911 por violencia de pareja, 120 por abuso sexual, 173 por acoso y hostigamiento, 57 por violación y casi 1,800 por violencia familiar en la entidad. En total, 2025 cerró con más de 7,114 mujeres víctimas de algún delito en Yucatán.
A esas cifras se añade un dato estructural que no ha cambiado: 46.5% de las mujeres yucatecas reportó haber sido víctima de violencia antes de cumplir 15 años, y en los casos de agresión sexual infantil, el principal agresor fue un familiar directo.
2025 cerró con 10 feminicidios
El año 2025 cerró con 10 feminicidios según el SESNSP y el Observatorio del Feminicidio en Yucatán —aunque este último contabiliza hasta 15 casos, lo que evidencia la discrepancia en la clasificación de los crímenes—, la cifra más alta documentada desde que se tipificó el delito.
El incremento fue de aproximadamente 43% respecto a los siete casos de 2024 y equivale, en un solo año, a la tercera parte de los 30 feminicidios de todo el sexenio del Gobierno anterior. Sin embargo, la distancia entre la violencia real y la que llega al sistema de justicia es enorme: de las más de 2,000 llamadas al 911 por violencia de pareja en 2025, solo una fracción se convirtió en denuncia formal.
A eso se suma que apenas el 9.6% de los delitos sexuales se denuncia, según la ENVIPE 2025, lo que deja más del 90% en la impunidad. A nivel nacional, en enero de 2026 se reportaron 54 feminicidios, según el último informe mensual del SESNSP.
Desigualdad
En materia económica, las cifras también revelan desigualdad estructural. La brecha salarial oficial en Yucatán es de 14.5%, pero el IMCO advierte que al considerar la informalidad y las condiciones reales de empleo, la diferencia se eleva hasta 21.9%. A nivel nacional, por cada peso que gana un hombre, una mujer recibe 65 centavos.
El 55% de las mujeres que trabajan en el estado lo hacen en la economía informal, sin seguridad social y con un ingreso promedio de apenas 5,505 pesos mensuales, casi la mitad de los 9,786 pesos del empleo formal. A esa carga se suma el trabajo invisible: las mujeres dedican 39.5 horas semanales a labores domésticas y de cuidado no remuneradas, más del doble que los hombres, quienes destinan 18.2 horas.
Otros indicadores completan el panorama. En materia de pensión alimentaria, siete de cada 10 padres divorciados incumplen con su obligación de pago, y el colectivo Ley Sabina Yucatán ha documentado más de 2,500 casos de incumplimiento, con reportes de filtraciones de información a los deudores y represalias contra las mujeres que exigen justicia.
En embarazo adolescente, Yucatán supera el promedio nacional: en 2023 se contabilizaron 1,570 nacimientos en madres de entre 12 y 17 años, el 5.9% del total estatal. A nivel nacional, se estima que el 95% de los embarazos en menores está asociado a violencia sexual.
