Mérida, Yucatán; 5 de septiembre de 2018 (ACOM).- «Estamos llegando tarde, muy tarde a las demandas de atención ambiental de las poblaciones rurales de nuestro estado», admitió el secretario estatal de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Eduardo Batllori.
El funcionario habló de los agravantes que impactan a las poblaciones indígenas de Yucatán ante los problemas, proyectos que están dañando a las comunidades, que implican mecanismos de abandonar sus costumbres, tradiciones y formas de subsistencia y que empobrece y pulverizan las formas nativas de alimentación.
Batllori Sampedro acudió en representación gubernamental a la apertura del Seminario «Gobernanza Territorial para la Sostenibilidad» que se inauguró en la Universidad Autónoma de Yucatán.
En funcionario expuso que las distintas tareas agropecuarias que se han implementado en Yucatán han dañado las condiciones de las comunidades rurales.
En este momento, hay una confrontación entre ejidatarios por la instalación de una planta de energía solar en Muna, el problema es que muchas de estos proyectos son autorizados por el gobierno federal y no toman en cuenta las necesidades, determinaciones y valores de las poblaciones indígenas.
En el caso de las poblaciones mayas de Yucatán, perder 800 hectáreas de selva baja significa una afectación gravísima, porque las comunidades dependen estos espacios para su subsistencia alimentaria, pero también económica.
«Las comunidades rurales de nuestro estado dependen de la selva para cazar, porque los recursos agroforestales son vitales para la adquisición de madera para la construcción de sus viviendas, pero además para hacer carbón, ya que con ello cocinan sus alimentos. La creación de estos proyectos que se adjudican desde el centro del país, resulta altamente dañina», expuso.
Dejó en claro que deforestar y colocar paneles solares puede resultar benéfico para la economía, pero no para la supervivencia de los pobladores rurales.
«Estamos llegando tarde a la atención de las demandas de esta población, porque muchos de los problemas que los impactan ya están en proceso, la ganadería, la agricultura con transgénicos, los problemas que afectan a las poblaciones rurales son muchos y algunos de estos los provocamos las autoridades», aceptó.
Consideró que el gobierno debe de cambiar la forma de ver los problemas y las soluciones de las poblaciones rurales y debe de entender que el medio ambiente no es un sector, es una dimensión.
En Yucatán, el 50% de la población es indígena y que tiene un uso del territorio y el 60 o 70% de sus ingresos provienen de estos recursos agroforestales.
Perder la milpa en una población, no solo es la pérdida del maíz, el frijol y las calabazas, sino también son otros subproductos básicos en la alimentación de los pobladores. Implica la miel, la leña, la construcción de vivienda, es la caza de especies que les permiten subsistir.
«El gobierno y las leyes han obligado a que las comunidades pierdan estos derechos; la ley obliga a tener permiso para cazar ciertas especies y los campesinos no los tienen, porque en el monte no se necesitan permisos y se les reclama infringir la ley, mientras que todo ello, les pertenece a ellos», sostuvo.
Recordó que Yucatán ha dado la batalla, como la detención del proyecto energético marino en el perímetro de Los Alacranes y la no introducción de semillas transgénicas para siembra en el estado.
Sin embargo, restan muchas tareas que deben replantearse antes que se ejecuten y se pierda la independencia, capacidad y calidad de vida de las poblaciones indígenas.
