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Gobierno de Yucatán reitera que no pagará el hospital de Ticul

Mérida, Yucatán; 3 de agosto de 2018 (ACOM).- El secretario de Salud de Yucatán, Jorge Mendoza Mézquita, afirmó que el gobierno estatal no está obligado jurídicamente a pagar una suma millonaria a la empresa Marnhos, que promovió un recurso ante un tribunal internacional por el caso del hospital de Ticul, como lo dio a conocer un medio de comunicación nacional.

Ayer se publicó que la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional habría fallado en favor de dicha empresa por lo que el gobierno de Yucatán tendría que pagarle una suma de 723 millones de pesos, luego de que este cancelara el contrato para la edificación de dicho nosocomio, el cual no se concluyó.

Este día, Mendoza Mézquita aseguró que esta situación no afectará al estado, pues se trata de un asunto sin valor jurídico, aunque reconoció que el caso sigue en pugna en tribunales mexicanos, por lo que su fallo está pendiente.

«El contrato PPS tenía una vigencia de veinticinco años y obligaba al Estado de Yucatán a pagar la cantidad anual mayor a 237 millones de pesos que se incrementarían para mantener su valor, suma que se pagaría en mensualidades de casi $20 millones de pesos, equivalente a más de $658 mil pesos diarios, lo que hace un total de más de 5 mil 500 millones pesos. A todas esas cifras se agregaría lo correspondiente al IVA. El contrato no fue cancelado, sino rescindido por el Ejecutivo del Estado, con motivo del incumplimiento de la empresa del Grupo Marhnos, al dejar la obra de edificación del hospital con un avance de 39.02% únicamente, a pesar de que se le concedió una prórroga por 300 días», aseguró.

Explicó que el incumplimiento de la empresa fue el origen a una controversia que se ha dirimido en diversos procedimientos y juicios ante las autoridades administrativas estatales, judiciales y federales, quienes fueron y son competentes para resolverla; cada uno de esos procedimientos ha resultado favorable al Estado.

«La rescisión administrativa del contrato PPS es firme. En el procedimiento de anulación se respetaron todos los derechos de la empresa Marhnos y de sus obligados solidarios, quienes comparecieron en todas sus etapas y ofrecieron sus pruebas; en este procedimiento se determinó que valor actual de la obra del hospital es la cantidad de poco más de 160 millones de pesos, por lo que restando las penalidades contractuales por el incumplimiento que sumaron casi 34 millones de pesos, el adeudo a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán por la cancelación del contrato es por la suma de poco más de 125 millones de pesos, y no la que se indica en la nota», afirmó.

Mencionó que dicha empresa decidió combatir el monto de la deuda mediante juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, organismo que por sentencia definitiva confirmó la suma 125 millones de pesos como monto del adeudo declarando la validez de la resolución impugnada.

En cuanto a la información de la nota respecto del fallo de un organismo de arbitraje internacional, dijo que debe referirse a un tribunal arbitral mexicano actuando bajo las reglas de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, cuya intervención se debió a que la empresa promovió un juicio arbitral mediante el que, contrario a lo que ya se resolvió, pretende cobrar todas las cantidades que habría invertido en la realización del 39.02% de la obra, a pesar de que se incumplió con el contrato.

«Servicios de Salud de Yucatán no se sometió al tribunal arbitral e hizo valer la incompetencia por corresponder a las autoridades locales y federales que ya estaban conociendo de la controversia y que posteriormente resolvieron. Por ello, el laudo que contiene la supuesta condena al pago de los 723 millones a los que se refiere la nota es inejecutable jurídicamente, y la responsabilidad real por la rescisión del contrato PPS, es limitada a la suma de 125 millones de pesos», aseguró.

Mencionó que, debido a su ilegalidad, la dependencia que encabeza tiene promovido ante un tribunal estatal la declaratoria de nulidad del laudo arbitral mismo que, como se dijo, no podrá ejecutarse.

Insistió en que el procedimiento realizado conforme a derecho y privilegiando los intereses de la población, al tiempo que aseguró que el asunto sigue en litigio, por lo que no existe un plazo sobre el cual tenga que hacerse un pago por el asunto.