
Mérida, Yucatán; 14 de julio de 2017 (ACOM).-En los 63 Centros de Justicia para Adolescentes que hay en el país, se encuentran detenidos unos 13 mil menores de edad, el 95 por ciento son varones, el 5 por ciento restante son mujeres. El 34 por ciento de los jóvenes sentenciados purgan condena por el delito de homicidio.
El Informe Especial, Adolescentes: Vulnerabilidad y Violencia, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) expone una serie de cuestionamientos y tareas impostergables que impactan a los jóvenes infractores y que el estado no resuelve.
En este reporte, realizado por la investigadora Elena Azaola, se indicó que el Estado ha perdido una parte importante en sus responsabilidades al no poder aplicar la ley que infiere en materia de justicia para adolescentes y que si bien, hay cambios, éstos nunca alcanzan a responder a los problemas que viven éstos adolescentes marginados.
En el documento publicado recientemente, se evalúan distintos aspectos que han marcado la vida de estos adolescentes, de esta manera se explicó que el 30 de estos ha vivido en la marginación y pobreza extrema; el 40 por ciento sufrió violencia intrafamiliar, un 75 por ciento bullying en sus centros escolares, acoso y abuso sexual.
El informe establece que el 46 por ciento de los jóvenes encuestados vivió violencia en su familia, en su escuela y entre los grupos sociales cercanos. De la misma forma, el reporte arroja que el 60 por ciento de ellos convivió con un familiar cercano que estuvo detenido o estuvo en la cárcel, ofreciendo como motivo que la violencia se mantiene viva en los centros de readaptación social y se transmite entre el núcleo familiar.
El estudio realizado por la investigadora en los 63 centros de detención para adolescentes del país, se llevó al cabo en 2016, en él se expone que además de la violencia que viven los jóvenes en sus núcleos familiares y escuelas, el Estado también aplica la violencia de manera desmedida contra ellos, ya que el 57 por ciento de los recluidos asegura haber sido torturado, abusado, golpeado y vejado por policías, judiciales y personal de los reclusorios.
Estudio que incluye testimonios de los encuestados detalla que, el 4 por ciento de los adolescentes detenidos no sabe leer, ni escribir, el 17 por ciento completó sus estudios de primaria, un 28 por ciento no terminó la secundaria, el 20 por ciento terminó la secundaria, el 16 por ciento completó el bachillerato.
El documento recoge también quejas sobre la condición en la que se encuentran estos centros de reclusión juvenil que están abandonados, sucios, con alimentos de mala calidad, sin respaldo sanitario adecuado y donde los jóvenes son sometidos a voluntad de custodios y directivos de los planteles de manera agresiva y sin ningún respeto a sus derechos.
Reporta la investigadora, que en algunos centros de detención por no contar con personal suficiente, los jóvenes reciben sus alimentos a las 4 de la tarde y posteriormente son encerrados en sus celdas hasta el día siguiente sin poder asistir a lavatorios o sanitarios.
Se indica, que el 20 por ciento de estos jóvenes infractores no tiene familia o ha perdido todo contacto son sus parientes debido a las condiciones en las que se encuentra y no tener recursos para mantener su proceso judicial.
El informe recoge también una serie de propuestas que establecen modificaciones sustantivas a las condiciones de vida de estos jóvenes infractores y a la necesidad de superar sus problemas más indispensables, ya que, al cerrarse las condiciones de superación el 78 por ciento de ellos reincidirá en la delincuencia.
Las cifras establecen que los crímenes y condenas establecidas de los jóvenes infractores son: homicidio 34 por ciento, robo con violencia 24 por ciento, secuestro 13 por ciento, el 35 por ciento en delincuente reincidente, el 16 por ciento dijo ser inocente, el 35 por ciento aceptó ser parte de una pandilla de la delincuencia organizada, el 27 por ciento pertenece a una pandilla, el 38 por ciento dijo haber cometido delitos por conflictos interpersonales, por citar algunas cifras.
El Informe Especial, que consta de 188 páginas ofrece también propuestas como resultado de este reporte en donde se explica que el estado debe tener una mayor conciencia y responsabilidad sobre los alcances, causas y condiciones a las que están expuestos estos los jóvenes infractores, señalando la necesidad de políticas y tareas de responsabilidad de la autoridad a cumplir a corto, mediano y largo plazo.


