Por: Freddy Heredia
Mérida, Yucatán; 2 de agosto de 2018.- Son miles los ciudadanos que cuestionan las estrategias que pretende implantar el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para crear las condiciones que pacifique al país. Se cuestionan, ¿y cómo enfrentar al crimen organizado? cuando el tabasqueño ha expresado sistemáticamente que pretenden cerrar el ciclo de la guerra «sin balas», ya que el combate al crimen organizado implantado por las dos últimas administraciones federales, no solo no ha podido arrinconar a los integrantes del crimen organizado, sino que ahora su presencia y sus efectos violentos se sienten en casi todo el territorio nacional.
El combate al crimen organizado que inició durante el sexenio de Calderón y que continuó con Peña Nieto, tiene como base involucrar directamente y frecuente las intervenciones de contingentes militares para el combate al crimen organizado.
El sistemático arresto o asesinato de los líderes criminales que estas intervenciones terminó por estimular la violencia, ya que las luchas por asumir el cargo de líder vacante precipitaron más asesinatos. Además, estas detenciones o muertes de líderes llevaron a una mayor fragmentación de los grupos criminales, los cuales empezaron a competir por el monopolio de las rutas de transporte ilegal a los Estados Unidos.
Tras varios análisis, quedó en evidencia que el combate armado al crimen organizado no fue la mejor estrategia que se esperaba para enfrentarlo. Es la conclusión del análisis que sustentan los investigadores Laura Atuesta y Aldo F. Ponce en su trabajo titulado «Cómo las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad alteraron la violencia. Evidencia del caso Mexicano» en el cuaderno de trabajo monitor del Programa de Políticas de Droga, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
La llamada guerra contra las drogas tiene muchas variables que la convirtieron en un fracaso. Sin embargo, no deja de analizar que desde el mismo Estado mexicano no existe una adecuada coordinación y claridad de los objetivos para enfrentar con eficiencia al crimen organizado. La narcocorrupción le resta aún más efectividad para combatir a los grupos criminales, al desarrollarse múltiples redes de colisión y cooperación entre oficiales , policías y militares del Estado y los grupos criminales.
La violencia puede ser clasificada en dos: la privada que es cuando se incrementa el número de ejecuciones entre los miembros de las organizaciones criminales y cuando las fuerzas públicas de seguridad no intervienen, cuando las fuerzas públicas de seguridad intervienen de manera directa para enfrentar a los grupos criminales y como consecuencia existen detenciones o asesinatos en los enfrentamientos se fomenta que los integrantes de los grupos criminales respondan con ejecuciones a miembros de la fuerza pública, a esto se llama violencia pública. Además de que la guerra contra las drogas genera pérdidas económicas para México por 4.3 billones de dólares anuales.
Los arrestos y las ejecuciones de los miembros de la delincuencia organizada por parte de las fuerzas gubernamentales pueden generar el incremento sobre la violencia, las intervenciones gubernamentales que producen muertes en miembros del crimen organizado (en enfrentamientos) tienen efectos diferentes a los que generan los arrestos, la violencia privada se incrementa en el largo plazo cuando aumentan los arrestos hacia los jefes o sus lugartenientes, y la violencia en el corto plazo se manifiesta cuando hay un aumento en el número de ejecuciones de miembros de la delincuencia organizada. La violencia pública se ve afectada por el crimen organizado cuando se incrementan las muertes o los arrestos de sus miembros.
Las intervenciones de las fuerzas de seguridad desestabilizan el statu quo del crimen organizado (en el corto y largo plazo) y esta desestabilización ha ocasionado incrementos significativos en la violencia debido a conflictos entre grupos crimínales que buscan tomar represalias contra el gobierno cuando las fuerzas públicas atacan directamente a sus miembros.
Las intervenciones gubernamentales no solo abren la posibilidad de que se produzcan más muertes, si no que además alimentan más homicidios en momentos posteriores producto de una mayor fragmentación de los grupos criminales y los actos de represalia a las fuerzas de seguridad.
Es por ello que se cuestiona la efectividad de las intervenciones las fuerzas de seguridad en el combate al narcotráfico: no es tarea fácil combatir al crimen organizado, pero deben replantearse otras alternativas como atacar directamente a sus estructuras financieras al menos en el plano nacional, lo cual produciría más movimientos sin tanta violencia. Otra de las propuestas es el cambio es el diseño en la regularización en el consumo de drogas, lo que afectaría el ingreso de los grupos criminales y la competencia tan violenta que tienen sobre los diferentes territorios. Hasta el momento no se vislumbra una implementación educativa con énfasis en la salud para reducir la demanda por las drogas.
Las grandes ganancias financieras que produce la venta de las drogas, junto con una organización jerárquica de los carteles, evitan que desaparezca esta actividad. Más bien, en los últimos años, los grandes grupos se han fragmentado, lo que aumenta la violencia.
Las intervenciones gubernamentales que producen las muertes en miembros del crimen organizado en enfrentamientos tienen efectos diferentes a los que generan los arrestos. En el primero aumenta la violencia a corto plazo, es decir, aproximadamente el conflicto dura tres meses, mientras que la violencia privada se incrementa en el largo plazo por más de tres meses a un año cuando aumentan los arrestos.
