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Por fin, el expresidente Lula da Silva se entrega a la justicia brasileña

Sao Paulo, Brasil; 7 de abril de 2018 (Notimex/RT).- El expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, se entregó a la Policía Federal tras permanecer a lo largo de los últimos días en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos en São Bernardo do Campo, en la provincia de São Paulo.

En un primer intento, Lula no logró abandonar las inmediaciones del sindicato. Sus seguidores no querían que se entregara a las autoridades e impidieron el paso de su vehículo. Finalmente, el expresidente de Brasil salió del sindicato sin auto, rodeado de una multitud de seguidores, que lo llevaron en andas antes de que se entregara.

Una caravana de vehículos se dirigió a un aeropuerto de Sao Paulo, desde donde el exmandatario fue llevado en avión a la ciudad de Curitiba, unos 450 kilómetros al sur, para ingresar en la sede de la policía federal de la ciudad y comenzar así a cumplir la pena de 12 años y un mes de cárcel.

Misa matutina

Previamente, Lula participó la mañana del sábado en una celebración religiosa en honor a su fallecida esposa, Marisa Leticia.

Tras pasar dos noches en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, Lula da Silva apareció en público junto a la expresidenta Dilma Rousseff, exministros y la cúpula del Partido de los Trabajadores (PT) para participar de la misa.

Durante su último discurso, Lula da Silva anunció que se entregaría a las autoridades, a pesar de que considera su enjuiciamiento como una farsa jurídico-mediática, destinada a impedir que compita por un tercer mandato presidencial en las elecciones de octubre.

¿De qué acusan a Lula?

El mandatario fue condenado a 12 años y un mes de prisión por delitos de corrupción. Lo acusaron de aceptar un lujoso departamento triplex frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (municipio del estado de São Paulo), a cambio de beneficiar a la constructora OAS en sus contratos con la estatal petrolera Petrobras.

Sin embargo, durante el juicio no se logró demostrar que Lula sea el propietario del inmueble, y tampoco se identificó cuál sería el acto o la omisión que habría dado origen al recibimiento del inmueble. Por ese hecho, Lula fue acusado bajo el cargo de corrupción pasiva, delito que supone que un funcionario público realiza o deja de cumplir un acto de su competencia a cambio de algún beneficio.