Mérida, Yucatán; 16 de febrero de 2021 (ACOM).- La asociación Agenda por las Mujeres para la Igualdad Sustantiva de Yucatán (Amisy), acusó al Tribunal Electoral de Yucatán (TEEY) de violar los derechos políticos de las mujeres.
Lamentó que un fallo del Tribunal local, que supuestamente garantizaba la postulación de mujeres para dirigir municipios con alta población, haya sido revocado por el Tribunal Electoral local.
Según esta agrupación, el trabajo efectuado por el organismo dejó mucho que desear, al tiempo que lo catalogan como un acto en contra de las mujeres.
“Hemos sido agredidas por el sistema institucionalizado de las autoridades electorales, particularmente, el Iepac, por no definir unos lineamientos paritarios con sustancia, el Tribunal Electoral de Yucatán ha violentado los derechos de las mujeres al haberse dilatado en dar una respuesta a la impugnación que hicimos y haber respondido de manera inexacta”, señaló la investigadora y académica, Gina Villagómez Valdés.
Cabe mencionar que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una sentencia de su homólogo en Yucatán en torno a la paridad de género en la asignación de candidaturas para alcaldes, argumentando que estuvo fuera de tiempo, vulnerando los derechos de 3 partidos políticos, quienes impugnaron el fallo.
Anteriormente, la Amisy había solicitado que el propio tribunal local garantice que haya por lo menos 15 candidatas en los 30 municipios con mayor población del Yucatán, algo que dicha instancia no pudo conseguir.
La entrevistada informó que, con el fallo del Tribunal Federal, los partidos tendrán que designar a por lo menos 10 y no 7 candidatas, algo que se tendrá que cumplir.
“Que los partidos y el Iepac, independientemente del fallo, vayan más allá en el asunto de la paridad, cuando menos se acepten 15 y no solamente 10 posiciones en municipios más poblados para las mujeres”, apuntó.
Oficialmente, los partidos deberán registrar a sus candidatos en el mes de marzo, por lo que será hasta esa fecha cuando se determine si realmente se cumplió con el principio de paridad en la asignación de los puestos.
