La Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) otorgó un plazo de 10 días al gobernador, Joaquín Díaz Mena, para suspender de sus funciones al director del Instituto del Deporte del Estado (Inderm), Roger Aguilar Arroyo, a quien acusan de incumplir la Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres.
La agrupación advirtió que, si no se realiza la separación del cargo, interpondrán una denuncia penal por este caso.
“Las y los yucatecos tenemos el derecho de ser gobernados por personas que busquen en el ejercicio de su responsabilidad la erradicación de la violencia en todas sus formas y manifestaciones”, señaló la presidenta de Amisy, María Eugenia Núñez Zapata.
La activista acudió este medio día al Palacio de Gobierno a entregar una petición formal al Ejecutivo en la que se enuncia su petición para el cese de dicho funcionario, al tiempo que recordó que la sociedad civil ha impulsado la adecuación del marco normativo para prevenir y sancionar la violencia de género en el estado.
Núñez Zapata calificó como inadmisible que un funcionario con antecedentes de violencia pueda ocupar un cargo público.
Agregó que el gobierno estatal está obligado a garantizar perfiles idóneos en su administración.
Recordó que Aguilar Arroyo fue denunciado por hostigamiento por las exregidoras de Motul, Yaleni Guadalupe Santos Pech y Olga Abraham Martínez, cuando él era alcalde de ese municipio.
También señaló que existen registros públicos de conductas misóginas y discriminatorias en redes sociales.
“Por ese motivo, es inaceptable, ilegítimo e ilegal que una persona como Roger Rafael Aguilar Arroyo se desempeñe actualmente como funcionario de la administración pública estatal”, expresó.
La organización insistió en que la Ley 3 de 3 contra la violencia prohíbe la incorporación al servicio público de personas con antecedentes de violencia familiar, delitos sexuales o violencia institucional.
Exhortó al gobernador a actuar conforme a la ley y separar del cargo al titular del Inderm.
“Por respeto a la ley exigimos el cese inmediato del violentador Roger Rafael Aguilar Arroyo, cumpliendo con el principio ético y jurídico de la ley: ningún agresor al poder”, sentenció.
