El sistema de justicia en Yucatán avanza al ritmo del crecimiento de nuestra entidad, la modernización a través de alternativas como la digitalización, el fortalecimiento la capacitación, el uso de tecnologías, la mejora en infraestructura y la formación continua del personal, son nuestras prioridades para estar cada día más cerca de la ciudadanía, afirmó Carolina Canto Valdés, presidenta del Poder Judicial al presentar el Informe de Actividades correspondiente al año 2023.
La magistrada dijo que el sistema de justicia trabaja día con día para garantizar un acceso a la justicia más eficiente, transparente y equitativa para todos.
En el servicio de impartición de justicia, detalló que, en las materias, civil, familiar, mercantil, laboral y penal, en Primera Instancia se abrieron 28,393 expedientes y concluyeron 24,464; en Segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia inició 1,963 expedientes y concluyó 1,994, a través de 1,522 resoluciones.
Para resolver conflictos de manera pacífica y fortalecer la cultura de la paz, además de aliviar la presión sobre los órganos jurisdiccionales, el Centro Estatal de Solución de Controversias inició 2,683 expedientes. De estos, el 80% corresponde a asuntos familiares, lo que refleja su eficacia para abordar situaciones sensibles en el núcleo familiar de manera ágil y se concluyeron 2,671 asuntos, la mayoría resueltos mediante convenio escrito, acuerdo o acuerdo reparatorio.
En cuanto a las órdenes de protección como mecanismo fundamental de acceso a la justicia para la protección de víctimas, los órganos jurisdiccionales facultados para emitirlas emitieron durante el 2023, un total de 188 órdenes de protección de las cuales el 87% (165) fueron de tipo cautelar.
Avanza proyecto de justicia digital
En el proyecto de Justicia Digital, el Poder Judicial trabaja en la implementación de sistemas informáticos avanzados, en la alternativa de la digitalización de documentos, la automatización de procesos y herramientas de gestión de casos. Esto tiene como objetivo agilizar los procedimientos judiciales, reducir los tiempos de espera y mejorar la eficiencia general del sistema de justicia.
En términos de infraestructura, se han modernizado 27 salas de juicios orales, equipándolas con tecnología avanzada en audio, video y telemática, y mejorando las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones.
La magistrada presidenta recalcó que la perspectiva de género es esencial para promover la igualdad ante la ley.
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Esto significa reconocer y abordar las desigualdades estructurales y discriminaciones basadas en el género que pueden existir en la interpretación y aplicación de las normas, tanto en los aspectos procesales como sustantivos.
“Reconocemos que la violencia de género es un problema que afecta desproporcionadamente a las mujeres y a personas que no se ajustan a las normas de género tradicionales. Al adoptar la perspectiva de género, contribuimos a prevenir la violencia de género mediante una mejor aplicación de la ley y la implementación de medidas de protección”, pronunció.