En el marco del Día Mundial de Respuesta ante el VIH, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) hace un llamado a los poderes del Estado y a los municipios para, en sus respectivas atribuciones, a derogar el delito de «peligro de contagio», reformar el apartado sobre serofobia en la ley antidiscriminación, crear una clínica especializada para personas LGBTI+, fortalecer el acceso a medicamentos para prevenir antes y después de una exposición así como sustituir las políticas de prevención basadas en el miedo por estrategias de educación en salud sexual con enfoque de derechos y no estigmatizante.
La CODHEY recuerda a la población que los tres poderes del Estado, así como las autoridades municipales, tienen obligaciones constitucionales impostergables de cumplimiento para con las personas, así como los Grupos de Atención Prioritaria que históricamente han sido excluidos de la vida democrática en el país, tal como sucede con las personas que viven con VIH.
Además, es fundamental recordar que, según datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida, desde hace varios años Yucatán se mantiene entre las tres entidades con mayor índice de detección de VIH. Al mismo tiempo, el INEGI (2022) ha señalado que nuestro estado ocupa el primer lugar nacional en percepción de discriminación.
Este cruce de datos resulta especialmente alarmante y subraya la necesidad de fortalecer e impulsar mejoras en las políticas públicas relacionadas con la salud y la atención del VIH, siempre con la guía horizontal, activa y experta de las organizaciones de la sociedad civil que lideran esfuerzos permanentes contra la serofobia. Tal es el caso de Colectivo S3D, UNASSE A.C., Igualdad Sustantiva Yucatán, Un Trans en Mérida, Alter INT, Fundación BAI, Princesas Mayas, YAAJ, la Unidad de Atención Médica e Investigación en Salud (UNAMIS), REPAVIH, Buenas Intenciones, entre otras.
Particularmente, la CODHEY retoma los puntos recomendatorios de su reciente investigación «Amando y Resistiendo: Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas LGBTI+» (2025), donde se exhorta específicamente al cumplimiento de obligaciones de garantía y protección de los derechos humanos en intersección con el VIH:
Para el Poder Legislativo:
Derogar el delito de «Peligro de Contagio» del Código Penal del Estado de Yucatán por representar una forma de discriminación indirecta ante la ambigüedad normativa que afecta y criminaliza a las personas que viven con VIH o sida.
Reformar integralmente al apartado relacionado a la serofobia de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Yucatán por su enfoque y terminología no adecuada y estigmatizante ante el mencionado Grupo de Atención Prioritaria.
Para el Poder Ejecutivo y Municipios:
Crear una clínica especializada en personas LGBTI+ con modelo en la Clínica Condesa y la Unidad de Salud Integral para Personas Trans considerando en todo momento la participación activa de la sociedad civil para el diseño de esta política pública en salud.
Descentralizar la obtención de los tratamientos medicamentosos en beneficio de las personas que viven dentro del interior del Estado, así como fortalecer los programas de acceso universal a los tratamientos de Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), la Profilaxis Post-Exposición (PEP), Profilaxis Posterior a la Exposición Doxiciclina (DoxyPEP), vacunas contra el Viruela M (Mpox), Virus del Papiloma Humano (VPH).
Abstenerse de políticas públicas de prevención del VIH basadas en el terror y estigma para activarse en su lugar desde un aprendizaje significativo de salud integral de la sexualidad y con enfoque de prevención de riesgos y educación popular.
Refrendamos nuestro compromiso con todas las instituciones del Gobierno del Estado de Yucatán y sus municipios para que en alianza nos activemos contra la serofobia no solo el 01 de diciembre sino todo el año y reduzcamos las brechas de desigualdad y acceso a una vida digna. Creemos firmemente en el compromiso de todas las instituciones para actuar en conjunto y con el acompañamiento de la sociedad civil organizada.
