Representantes de los pueblos de San José Tzal, Petecbiltun, Hotzuc y Texán Cámara formalizaron el 20 de agosto una solicitud dirigida a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del estado de Yucatán para exigir que se niegue el permiso 049/2025 relativo al proyecto denominado “Banco de materiales PROSER-agregados”.
Dicho proyecto contempla la explotación de estrato seco, instalación de una planta trituradora y producción de asfalto en terrenos ejidales de San José Tzal, pero con un rango de afectación que alcanzaría también a Tebec, Xtepén, Molas, Petac y San Antonio Tzacalá. Los pobladores advirtieron que la iniciativa no solo compromete el medioambiente, sino también la salud, el acceso al agua y la seguridad de la vivienda en las comunidades.
Esta movilización se suma a la que sostienen desde hace meses los habitantes de Xcucul, quienes han denunciado que otro banco de materiales de la misma empresa, PROSER S.A. de C.V., dedicado a la extracción en estrato húmedo, ya provocó daños estructurales en viviendas, además de afectaciones a la salud y al ecosistema local.
Las comunidades recordaron que la explotación de bancos pétreos no es nueva en la Península, pero la creciente demanda de insumos por megaproyectos como el Tren Maya ha detonado una expansión minera sin precedentes. Con el aval de autoridades de los tres niveles de gobierno, las empresas han logrado cambios de uso de suelo y deforestaciones masivas, así como extracciones por debajo del nivel freático, ocasionando daños irreversibles al suelo kárstico y poniendo en riesgo el frágil sistema acuífero peninsular.
En el caso específico del permiso 049/2025, los inconformes destacaron que no se ha realizado ninguna consulta indígena, a pesar de que el proyecto se ubica en territorio maya. Esto constituye, señalaron, una violación al derecho al territorio y a la libre determinación de los pueblos, además de representar un acto de racismo institucional al privilegiar intereses empresariales sobre los derechos de las comunidades originarias.
De manera preocupante, denunciaron que, aun sin contar con autorización oficial, ya hay maquinaria trabajando en el desmontaje de tierras en San José Tzal, lo cual representa una violación a la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán. Por ello, solicitaron a la SDS iniciar un procedimiento de inspección y clausura inmediata de las obras, además de sancionar a la empresa responsable.
Finalmente, los pueblos hicieron un llamado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) para intervenir ante las violaciones cometidas, y reiteraron su demanda a la SDS y al gobierno estatal de negar el permiso 049/2025, garantizar la reparación del daño y respetar los compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.
“Defender nuestro territorio es defender la vida”, subrayaron los representantes comunitarios al concluir su pronunciamiento.
